Los turistas pagan más de 300 euros al día por habitaciones ilegales en Barcelona

Si un viajero busca una habitación por días para turistas en un piso particular de Barcelona desde alguna plataforma de reservas, debe tener claro que no encontrará ni una sola que sea legal. Casi dos años después de la regulación de esta actividad, ni un solo piso turístico ha dejado este uso para pasar al alquiler por habitaciones, que era la condición que impuso el ayuntamiento para poder ejercer de anfitrión turístico en viviendas de la ciudad. Durante este periodo, el consistorio ha dictado 592 órdenes de cese para todos aquellos que seguían ejerciendo este negocio inicialmente doméstico. Y la palabra ‘inicialmente’ viene a cuento, porque en la actualidad aún pueden localizarse decenas de anuncios ilegales, algunos por parte de ciudadanos que por necesidad se atreven a mantener la actividad mientras no sean multados, pero otros muchos en manos claramente profesionales y con tarifas disparadas de hasta más de 300 euros la noche por una pequeña habitación con dos literas. El ayuntamiento optó por prohibir de facto esta práctica cuando modificó el plan especial urbanístico de alojamiento turístico a principios de 2021. La Generalitat había reconocido por primera vez esta figura de alojamiento, que llevaba años en la alegalidad. Se trata de habitaciones que se alquilan por días (menos de un mes, porque si no pasa a ser alquiler temporal, sí autorizado) a viajeros. Y de las que por entonces había más de 7.000 en Barcelona, según mostraban las plataformas de reservas. Tras no poco debate, el gobierno de Colau las rechazó ante el temor de que abriesen la puerta no a la llamada economía colaborativa que pregonaba Airbnb, sino a la picaresca de quienes montarían pensiones encubiertas. Adujo también que su control sería aún más complejo que el de los apartamentos turísticos. Por el contrario, el colectivo agrupado como ViA (Veïns i Anfitrions) batalló hasta el final sin éxito para poder obtener licencias, como en otras ciudades, bajo el argumento de que era la manera de poder llegar a fin de mes o asumir en solitario hipotecas o alquileres altos. No fue posible. Actividad frenada, pero con trampas Desde agosto de 2021 la oferta de anuncios ya ilegales se ha ido extinguiendo. El abogado de los afectados de ViA, Dylan Tarín, señala que inicialmente algunos anfitriones con años de historial continuaron la actividad (ante las dudas que abrieron algunas sentencias judiciales) por necesidad económica o porque no conocían los cambios normativos, pero el ayuntamiento ha ido dictando los ceses de la actividad en la medida en que los iba descubriendo, hasta sumar 592, explican a EL PERIÓDICO fuentes del área de Urbanismo. Para muchos ha significado un golpe a su economía, pero el riesgo de sanciones los ha disuadido. El letrado es consciente de que en paralelo esta actividad se ejerce por otras vías mediante prácticas ‘mafiosas’. Se trata de redes de explotadores de pisos sin licencia de ningún tipo (y que nada tienen que ver con el formato doméstico), pero anuncian habitaciones por días en el supuesto hogar de un anfitrión residente, como exige la ley catalana. Han aprovechado que Airbnb permite los anuncios sin número de licencia, tras sentencias favorables en Europa, y en ese apartado ponen "exento". Así, basta entrar en la plataforma para descubrir la variedad de opciones. Las de siempre se caracterizan por precios más modestos por parte de particulares, noches a entre 50 y 100 euros por habitación e incluso años de acreditación de la actividad en sus casas. Pero otros muchos están a nombre de teóricos anfitriones extranjeros que anuncian más de una habitación a precios que en estos casos van de los 250 a los 350 euros por noche (incluyendo limpieza y la comisión de la plataforma), con puntas de tarifas más altas, según la demanda y la ubicación. Incluso a mil euros la noche. Entrando en sus valoraciones, se aprecia que los huéspedes aluden a nombres que no son el del hipotético anfitrión sino su “asistente” y que este se repite en diversos anuncios. Los clientes, que a veces se quejan del trasiego de otros alojados en el resto de habitaciones, dejan claro en sus relatos que muchas veces no hay un propietario residente, sino que se trata de una mera explotación profesionalizada. Aunque ignoren que se trata de fórmulas ilegales en Barcelona. En algunos casos explican también que el lavabo no estaba en condiciones al ser compartido y sin que nadie pareciese ser el responsable, por ejemplo. La falta de control de estos alojamientos permite los abusos. Y los operadores suelen estar realquilando, de modo que exprimen los pisos y luego eluden potenciales multas. Expedientes a posibles reincidentes El ayuntamiento recuerda que el alquiler por días está prohibido salvo que un piso turístico se reconvierta en residencia habitual y su titular alquile habitaciones, de modo que se haya recuperado el uso de vivienda. Como era de prever, nadie con una lucrativa licencia de vivienda de uso turístico ha dado ese paso. De modo que cualquiera que se anuncie (y no sea un hotel) está ofreciendo un alojamiento ilegal en la ciudad. Fuentes municipales indican que al tratarse de una figura reciente que no todo el mundo conoce, en lugar de sancionar directamente optan por dictar las órdenes de cese. Si esta no se cumple o se detecta a un multiinfractor se procedería a la apertura de expedientes sancionadores. La prohición de BCN empuja la actividad a otros municipios Cada municipio puede regular las habitaciones por días para turistas en hogares compartidos, al amparo de la ley catalana. Sin embargo, la situación es muy dispar según la presión turística de cada localidad y la voz de cada equipo de gobierno. Así, en Via han constatado trabas y están recurriendo algunas denegaciones para habilitar la actividad en puntos como Sant Cugat o Santa Coloma, por ejemplo, porque se equipara esta a los pisos turísticos. Donde han encontrado vía libre los anfitriones es en L'Hospitalet, que por su proximidad a la capital catalana resulta interesante para el viajero de recursos modestos que suele optar por este modo de 'bread and breakfast'. En ese municipio vecino, los propietarios han de realizar una comunicación del inicio de la actividad y cumplir unos requisitos mínimos. Han de estar empadronados y residir en la vivienda donde alquilan las estancias por días para lograr la habilitación, informa Àlex Rebollo.

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El ayuntamiento ha emitido 592 órdenes de cese para erradicar la actividad

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