La Generalitat envió millones de datos "erróneos" al juzgado que investiga la incineradora del Besòs

No hay que subestimar el valor de una simple coma. Mucho menos de unas cuantas miles. De colocarlas con exactitud depende aclarar si la incineradora pegada a Barcelona -la que más toneladas de basura quema en Catalunya- se ciñó a la ley sin sobrepasar en ningún caso los límites de contaminación o los desbordó, poniendo en riesgo el medio ambiente y la salud de los vecinos del entorno, en la frontera entre la capital y Sant Adrià de Besòs. El juzgado de Badalona que investiga un supuesto delito ecológico en la planta de Tersa está inundado de datos aportados por la Generalitat, que hasta ahora han pasado inadvertidos. De ser verídicos de arriba a abajo, revelarían un grave, persistente y flagrante incumplimiento de los umbrales legales de polución. Sin embargo, el Departament d’Acció Climàtica dice ahora ante las preguntas de EL PERIÓDICO que, en realidad, los resultados que revelan posibles infracciones no son prueba de emisiones desmesuradas en la central de residuos. Según su versión, son fruto de un fallo masivo en parte de la copia de más de 36 millones de mediciones que volcó en 60 hojas de cálculo que hizo llegar a la jueza instructora. A falta de que la 'conselleria' calcule las dimensiones del desliz, la sospecha es que el descuido invalida unos cuantos millones de cifras incorporadas a la causa. Este medio ha examinado los balances en detalle. Sepultados en una maraña de dígitos que dan fe de los gases que Tersa dispersó minuto a minuto entre 2017 y 2021, constan presuntas irradiaciones anómalas en al menos cinco sustancias entre finales de 2018 y buena parte de 2019: son ácido clorhídrico, compuestos orgánicos, mercurio, monóxido de carbono y partículas. De concederles el crédito que merece todo documento oficial, los minutajes facilitados por el Govern a la magistrada plasman que se habrían alcanzado niveles altísimos de contaminación, a menudo durante 24 horas y, en algunos casos, de forma casi permanente a lo largo de meses enteros, sin que la incineradora del Besòs parase máquinas, como marca el protocolo. “Son cantidades que se saltan la legislación. La Generalitat tendría que haber avisado y ordenado cerrar la planta. ¿Si me ha sorprendido? Sí. Hago yo esto y me meten de cabeza en la cárcel”, expresa un investigador en Toxicología tras estudiar parte de la documentación. Sin embargo, y de creer al Govern, tras los valores no hay mayor irregularidad. Sólo un duplicado defectuoso y, en todo caso, sonrojante. Un traspaso “muy manual” El presunto error radica en que los decimales que sí figuran en el programa informático de la Generalitat que inscribe las emanaciones en continuo de la incineradora de desechos domésticos no quedaron anotados al trasladarse a los documentos Excel. “Este traspaso es muy manual y, en los archivos donde se han detectado datos erróneos, hemos visto que ha desaparecido la coma decimal en algunas columnas”, comenta la 'conselleria'. Aun así, y si la operación consistió en un simple ‘corta y pega’, ¿cómo se pudo producir el equívoco? El departamento lo achaca “a un error en la configuración del Excel”. Para que se entienda, un ejemplo extraído de un solo caso de la cadena colosal de pifias que se intuye: en los inventarios aparecen promedios diarios de 429 a 452 miligramos por metro cúbico de partículas entre el 3 y el 10 de diciembre de 2018, muy por encima de la media de 150 miligramos por metro cúbico que se prohíbe superar durante más de 30 minutos. No obstante, se deduce que deberían constar 4,52 y 4,29 como resultados ciertos y ajustados a la norma, de atender las explicaciones del departamento. De todos modos, la comprobación de que sea así y de que las anotaciones se ajustan en realidad a la norma queda a expensas de que la Generalitat reenvíe los listados a la jueza, esta vez sin tacha. A la espera de corregir los minutajes, Acció Climàtica informó de la equivocación al juzgado a finales de la semana pasada, tras percatarse a raíz de las consultas de EL PERIÓDICO. En un primer contacto, se limitó a responder a este diario que no apreciaba ningún exceso de emisiones en la fábrica en base a los controles. Antes de que la 'conselleria' avisara del fallo a la magistrada, la Fiscalía se avanzó pidiendo un informe sobre las supuestas superaciones a la Guardia Civil e información al Govern y Tersa. Diez meses en entredicho La confusión con los decimales no es una mera nimiedad para distinguir sólo guarismos de magnitudes incomparables. De interponer o no el signo de puntuación depende esclarecer si Tersa -una empresa pública del Ayuntamiento de Barcelona y el Àrea Metropolitana- cometió una bárbara transgresión de un real decreto y una instrucción técnica de la Generalitat o si las acató de forma escrupulosa, incluso aplacando la polución a proporciones minúsculas. Los índices que se suponían un reflejo fiel de la actividad de Tersa durante cinco años están en el juzgado desde julio de 2022. El departamento entregó un lápiz de memoria por orden judicial con la remesa de hojas de cálculo, cada una correspondiente a un mes entre enero de 2017 y diciembre de 2021. Pese a contener aparentes vulneraciones de bulto, no provocaron ningún movimiento en el juzgado hasta ahora. Acció Climàtica tiene pendiente una revisión exhaustiva de los documentos, lo que es obvio que no efectuó antes de remitirlos a la instructora. Le queda por precisar en qué fechas metió la pata y también en qué parámetros, para resolver si todos están afectados por la misma omisión o algunos de ellos son correctos. En un chequeo preliminar, la 'conselleria' ha localizado medidas inexactas en “algunas fechas de 2018 y 2019”. Este diario ha hallado supuestas desviaciones agudas y casi continuas de los baremos legales al menos entre el 3 de diciembre de 2018 y el 7 de octubre de 2019. Con la admisión por parte de la Generalitat de que mandó registros falaces a la jueza, quedan en entredicho como mínimo los 5,8 millones de anotaciones que engloban esos 10 meses.

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