El fiscal pide que la Guardia Civil evalúe si la incineradora del Besòs contaminó

El fiscal del servicio de medio ambiente de Barcelona, Víctor Castells, ha solicitado a la jueza de Badalona que instruye el ‘caso Tersa’ que requiera a la Guardia Civil un informe que analice si por parte de la incineradora de Sant Adrià de Besòs se han superado los valores previstos en la normativa medioambiental en la emisión de una serie de contaminantes. Esta petición se basa en los datos aportados al proceso judicial por la Xarxa d’Emissions Atmosfèriques de Catalunya (XEAC) y que indican que durante determinadas jornadas se han rebasado los límites fijados, tal y como han comprobado EL PERIÓDICO y la misma fiscalía. El Departament d’Acció Climàtica alega ahora que las referencias remitidas en el juzgado son "erróneas". El dictamen deberá correr a cargo, en el supuesto de que la jueza lo avale, de la Unidad Técnica-Oficina Nacional Central (UCOMA) de la Jefatura del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), a la que se le deberá dar traslado de los datos de la XEAC incluidos en la causa. En dichos archivos, constan millones de datos de mediciones de ciertos contaminantes hechas en continuo desde 2017 a 2021. De la lectura de los mismos, se puede observar que ciertas cantidades no serían correctas, atendiendo los valores que marca la instrucción técnica de vigilancia y control de la Dirección General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic ni tampoco lo establecido en el real decreto por el que se aprueba el reglamento de emisiones industriales. En concreto, la fiscalía ha detectado en los datos aportados por la XEAC e incluidos en el proceso judicial que en determinados días y horas se rebasó las emisiones permitidas de partículas suspendidas totales (PST), mercurio, acido clorhídrico, monóxido de carbono y compuestos orgánicos. El ministerio público considera que existen unos límites máximos que no pueden ser superados por parte de la incineradora Tersa, en cumplimiento del reglamento de emisiones industriales. El articulado de esta disposición detalla qué componentes han de ser medidos en continuo y comunicados a la administración competente, en este caso a la Generalitat, y qué se debe hacer en el supuesto de que se produzca una anomalía. Esta norma es clara: “En caso de avería, el gestor de la instalación reducirá o detendrá el funcionamiento de la instalación lo antes posible hasta que este pueda reanudarse normalmente”. La planta de Sant Adrià no se paró entre los meses de 2018 y 2019 en que los listados del Govern reflejan un posible exceso de emisiones. Tersa alega a preguntas de EL PERIÓDICO que no se excedió de los baremos legales durante ese período, por lo que niega que hubiera motivo para suspender la actividad. Requerimiento a la Generalitat El fiscal también solicita que los datos de emisiones de la incineradora sean trasladados a la Dirección General de Qualitat Ambiental de la Generalitat para que el equipo técnico determine si, a la vista de esos registros, se produjo por parte de Tersa un reiterado incumplimiento de los límites de emisión atmosférica establecidos en la autorización medioambiental que otorgó a la planta y en las disposiciones legales, según las mismas fuentes consultadas. Si la información remitida al juzgado es errónea, como sostiene el Ejecutivo catalán, la Generalitat tendrá que justificar cómo se originó esa equivocación. La acusación pública, además, insta al director de la incineradora de Tersa para que manifieste si existió un funcionamiento irregular en la planta entre 2017 y 2021 y si fue comunicado a la Administración catalana. El concejal de Emergencia Climática del Ayuntamiento de Barcelona y presidente de la empresa pública Tersa, Eloi Badia, declaró el pasado 11 de abril ante la jueza que la planta de tratamiento de residuos urbanos situada en Sant Adrià cumple la normativa y con la autorización medioambiental otorgada por el Departament d'Acció Climàtica. El edil está imputado por un delito ecológico por la presunta emisión de partículas contaminantes de esta instalación. También compareció en el juzgado el jefe de explotación de esa compañía, F. R. G., que también está siendo investigado. Por su parte, Tersa defiende que no rebasó en ningún caso los umbrales de contaminación. La empresa se declara segura de que comunicó con rigor las cantidades de emisiones que generó durante el período investigado. En su descargo, esgrime unos informes con medias mensuales de emisiones publicados en la web de la Generalitat, de los que no se desprende indicios de incumplimiento. La compañía dice sentirse "tranquila" frente a las sospechas y remarca que los representantes de Acció Climàtica que han testificado en el juzgado han asegurado que la compañía se atuvo a la ley en todo momento.

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