Una jueza investiga a Colau por las 'superilles' de Barcelona

Nuevo frente judicial contra Ada Colau y su equipo de gobierno. El Juzgado de Instrucción número 26 de Barcelona ha abierto diligencias de investigación a la alcaldesa y a la teniente de la alcaldía Janet Sanz al considerar de que hay indicios de que podría haberse cometido un delito urbanístico y otro de malversación por las 'superillas' o ejes verdes del Eixample, según el auto al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. La magistrada María del Carmen Suárez ha admitido a trámite la querella interpuesta por el arquitecto jefe del consistorio en la época de Pasqual Maragall, Josep Antoni Acebillo, y los abogados Francesc Jufresa y Ferràn Grasas. Esta querella se interpuso a los pocos días que la fiscalía archivara las denuncias interpuestas por estas tres mismas personas y la plataforma Salvem Barcelona. Por ahora, la jueza no se ha pronunciado sobre la petición de la paralización de las obras de las 'superilles' en el Eixample para, según los demandantes, "evitar la plena consumación" de los delitos que consideran que se puedan estar cometiendo y los perjuicios que se pueden directos que pueden ocasionar y que cifran en más de 100 millones de euros. En este sentido, la togada ha solicitado el parecer de la fiscalía. Fuentes del Ayuntamiento de Barcelona han puesto de relieve que la fiscalía archivó una denuncia "idéntica" y han anunciado que volverán a aportar la documentación que sirvió para ello. Han insistido en que la Generalitat hizo un dictamen avalando el procedimiento y que este confirmaba que no hacía falta la modificación del Planeamiento Urbanístico, como sostiene los querellantes. La magistrada ha acordado la práctica de varias diligencias de investigación. Así ha requerido al Ayuntamiento de Barcelona los expedientes de las obras de la calle Consell de Cent, entre Vilamarí y Passeig de Sant Joan y otras calles transversales entre la Diagonal y la Gran Vía, todos ellos integrados en el plan de la 'superilla' del l'Eixample, así como los informes emitidos para su aprobación, las personas que asistieron a la comisión de gobierno celebrada el 26 de mayo de 2022 en el que avaló los proyectos de reurbanización y las memorias de estas iniciativas, entre otra documentación. Evaluación de la movilidad Pero la juez también ha solicitado información sobre si con carácter previo a la aprobación de los proyectos de construcción se realizó un estudio de evaluación de la movilidad generada por estas zonas verdes (los querellantes calculan que la 'superilla' del Eixample provocará un número de viajes superior a los 5.000 vehículos en otras calles aledañas) y si existen informes de los Bomberos de Barcelona sobre si se respeta o no la normativa reguladora de los servicios de emergencia. Los querellantes recalcan que "nos hallamos ante una infracción normativa manifiesta de la ley del suelo que puede tener efectos devastadores", tanto para particulares, como comercios en general e, incluso, generar "problemas de accesibilidad a los propios domicilios de servicios básicos". En su opinión, también afecta al erario público, "pues solo el concepto de arrancado del asfalto y su eventual reposición" supondría unos gatos de 100 millones de euros. El escrito añade que se está promoviendo "un cambio radical en la vialidad y en el sistema de movilidad" en el centro de la capital catalana, "eliminando por la vía de hecho la circulación de vehículos en las calles afectadas". Pese a esa trascendencia y "su evidente impacto" en las personas, bienes y negocios, este proyecto se ha tramitado como si "se tratara de simples obras ordinarias de urbanización, ignorando las implicaciones urbanísticas que tal decisión tiene" y que "obligaban a una previa o simultánea modificación del Planeamiento Urbanístico vigente, concretamente del PGM". Y recalcan que la actuación municipal también "contraviene" la ley del suelo que reserva a los PGM el "trazado y características de la red viaria".

Una jueza investiga a Colau por las 'superilles' de Barcelona

La magistrada ha admitido a trámite la querella presentada por el exarquitecto jefe Josep Antoni Acebillo y los abogados Francesc Jufresa y Ferran Gracia

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