Un disparate burocrático amenaza medio patio de un colegio de Barcelona

La fotografía que acompaña a este artículo permite hacerse una idea ajustada de las dimensiones del despropósito que, de no remediarse en los próximos cuatro meses, hurtará casi la mitad del patio a un colegio de educación especial de Barcelona. La fila que amablemente unos adolescentes de la escuela Paideia forman para la instantánea señala el límite por donde la excavadora desafía con trasquilar el terreno: el que queda a la espalda de los chicos se libraría de la piqueta y el que miran de frente quedaría arrasado. Son 387 metros cuadrados de zona de recreo en riesgo de ser machacado por una recalificación urbanística. Al cumplirse los ocho años de la cesión del terreno de titularidad municipal, el centro debería retornarlo al ayuntamiento tal como lo recibió. Es decir, un solar expedito donde ahora se dibuja media cancha de hockey, que practican unos sesenta escolares. Lo más extraño del caso es que el fin de destruir parte de la explanada del distrito de Les Corts donde 180 alumnos con discapacidad de 4 a 21 años se solazan es resolver lo que aparenta ser un vulgar papeleo: la parcela figura todavía en los planos municipales como reservada para convertirse en zona verde, una catalogación desfasada que debe corregirse para reconocer que el espacio es parte de un equipamiento educativo, lo que es desde hace casi una década. Aquí es donde el asunto se enreda en un absurdo que, para hacerlo aún más flagrante, admiten tanto el gobierno municipal como la oposición. El terreno fue prestado en precario al centro para ampliar sus instalaciones. El resto del patio se había entregado antes por 50 años y el terreno que ocupa el inmueble, por 75. Una vez que la superficie se reclasifique con la categoría correcta, será devuelta al colegio por un plazo más largo, pero mientras tanto podría pasar un año en que los muchachos deberían apelotonarse a la hora del recreo, mientras el trámite sigue su curso. Como dos pisos del Eixample “Lo que nos quedaría es lo equivalente a dos viviendas del Eixample. ¿Alguien pondría a 180 personas dentro de dos pisos?”, interpela la directora de la escuela Paideia, Maribel Madrid. Más que demandar respuesta, la pregunta que la maestra formula viene a constatar que, a veces, la burocracia atropella la razón. “Es kafkiano. Nadie pensó que esto podría pasar. Siempre se espera que la administración resuelva problemas, no que cree más”, lamenta. La escuela es propiedad de las 400 familias que integran la Fundación Paideia, que se hipotecaron para edificar el centro para que se atienda a sus hijos, diagnosticados con diferentes grados de discapacidad intelectual y física. Tanto la oposición como el gobierno municipal coinciden en que no debería someterse a un mal trago al colegio, tan servicial que el patio amenazado de destrucción se abre al vecindario cada fin de semana. La escuela se encomienda a que la lógica se imponga antes del 9 de abril, cuando finaliza la adjudicación y le tocaría entregar la parcela, ya desmantelada para que se procediera a recalificarla. “Las familias tendrían que pagar unos 30.000 euros para desmontarla. Y podría ser otro tanto para reconstruirla”, estima la directora, convencida de que debe de haber una solución al alcance que no implique mutilar la pista. “Hemos preguntado por qué no recalifican estando nosotros dentro, pero nos dicen que no es legal y que, para resolverlo, primero hay que cederlo", precisa. Pulso político A instancias de Valents, la teniente de Urbanismo, Janet Sanz, se comprometió a mediados de noviembre a encontrar “la mejor solución posible” para que el colegio conserve “el patio como lo tiene ahora”. A día de hoy, el Paideia sigue aguardando un arreglo al entuerto. La oposición en bloque recriminó inacción y falta de tacto al ejecutivo municipal la semana pasada en el pleno de Les Corts. En cambio, ‘comuns’ y PSC replicaron que se han encontrado una cesión hecha a pedazos en tiempos de Xavier Trias. Señalan que es la razón por la que la concesión topa con obstáculos a la hora de renovarse. De tratar de simplificar el proceso, avisan que podría acarrear consecuencias penales para los funcionarios. En todo caso, unos y otros confiaron en dar con una fórmula que resulte menos adversa para la escuela. Antes de emplazar al colegio a próximas reuniones, el distrito planteó que el recreo se efectúe en otros espacios del centro. Sin embargo, carecen de dimensiones suficientes o no son aptos para ejercitarse. “También nos propusieron que cruzáramos la calle Entença para ir a un solar mientras no edifiquen viviendas o al parque que tenemos en frente. Pero tenemos chicos que van con sillas de ruedas y andadores, y allí no hay baños. Es imposible ir”, resuelve Madrid. La maestra advierte que malograr el patio sería un revés para los alumnos: “Por sus condiciones, requieren hacer ejercicio físico. Si nos quitan la pista donde hacen algo de deporte, les quitan la vida”.

Un disparate burocrático amenaza medio patio de un colegio de Barcelona

La escuela Paideia, que alberga 180 alumnos con discapacidad, contempla con estupor el enredo que puede obligarle a destruir parte de la zona de recreo para luego recuperarla

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