Se está poniendo interesante la narrativa del despliegue de radares en Barcelona. Si esto fuera una obra de teatro, la cosa quedaría más o menos de la siguiente manera. Acto 1, marzo de 2021: la concejala de Movilidad Rosa Alarcón anuncia la pronta instalación de 46 nuevos controles de velocidad en la ciudad, con la novedad de que se colocarían en el interior del núcleo urbano. Acto 2, febrero de 2022: la nueva responsable de Movilidad, Laia Bonet, reduce el plan a menos de la mitad, 21 en total, y del resto dice que ya se verá pero deja claro que no están contemplados por ahora. Acto 3, septiembre de 2022, con cuatro nuevos radares de tramo ya en marcha desde mayo, se activan los 17 postes restantes, que serán pedagógicos y no multarán hasta enero. Acto 4, octubre de 2022: el Ayuntamiento de Barcelona licita el mantenimiento de radares de punto durante los próximos tres años y, oh sorpresa, se incluye la lista completa de los 46 del primer acto. Así las cosas, en esta representación hay dos posibles conclusiones: los radares se pondrán aunque el consistorio no lo admita o el ayuntamiento está dispuesto a pagar por el cuidado de unas máquinas que no tiene previsto instalar.