El debate sobre la ocupación arrecia, y el Ayuntamiento de Barcelona suele ser señalado por ello. Especialmente, el socio principal, Barcelona en Comú, al que la oposición atribuye haber fomentado el fenómeno. Para rechazar esas acusaciones, el gobierno de Ada Colau actualiza los datos sobre ocupaciones hasta el tercer trimestre de 2022 para comprobar si la tendencia a la baja detectada en verano se confirma.
Si se hace la comparación entre el tercer trimestre de 2019 y de 2022, se detecta una bajada de 395 a 333 casos, un 17% menos, y ha concluido que ese descenso se debe a la política de vivienda del consistorio. Si la comparación se hace con el tercer trimestre de 2021, hay un incremento mínimo, de 330 a 333.
El consistorio ya difundió en junio datos que recabó de los Mossos y que indicaban que las ocupaciones bajaron en la ciudad un 7% de 2019 a 2021. En números absolutos, el número descendió de 1.610 a 1.562 ocupaciones, en un periodo en el que estas se vieron incrementadas un 15% en España (de 14.621 a 17.274) y un 10% en Catalunya (de 6.638 a 7.345).
Mediación
En todo caso, el gobierno de la ciudad destaca que el hecho de que bajen las ocupaciones mientras crecen en Catalunya y España se debe a la labor de mediación de la Unidad Antidesahucios y al incremento de unidades del parque público de vivienda, que está ahora en 11.500 viviendas.
La difusión de las nuevas cifras coincide con la celebración este viernes del pleno municipal de octubre, en el que el PSC ha sometido a debate una moción sobre ocupaciones delincuenciales que reclamaba, además de políticas de vivienda efectivas, más instrumentos legales para desocupar pisos en los que se estarían cometiendo delitos como tráfico de droga. Ha prosperado con la abstención del socio de gobierno, Barcelona en Comú, y las del PP y Valents. Ciutadans ha votado a favor, como Junts y el propio PSC, y ERC ja votado en contra.
La propuesta del PSC reclama que el Gobierno central acometa “una reforma urgente de la normativa procesal para dar cobertura a la actuación policial para las desocupaciones cuando se tenga constancia de la comisión de los delitos”. También reclama pedir al Consejo General del Poder Judicial que creen juzgados especiales para juzgados especiales donde se acumulen muchos casos y que se cree un fiscal especializado en estos asuntos.
Modificaciones
Asimismo, aboga por instar a la Conselleria de Interior a que elabore un plan especial de seguridad contra las mafias, y al Congreso a “impulsar modificaciones legales” que sirvan para “endurecer las penas contra las ocupaciones delictivas” así como “mejorar la protección de las personas físicas o jurídicas propietarias legítimas de una vivienda ocupada de forma delictiva”.
ERC ha rechazado la iniciativa, por considerar que no tenía sucientemente en cuenta el componente de dificultad social que ve aparejado al fenómeno, en contraste con otros grupos, como Ciutadans, que por boca de Paco Sierra ha llamado a no diferenciar entre ocupaciones delincuenciales y sociales -las que corresponden a familias sin recursos- y penalizarlas sin matices.
Tanto Ciutadans como Valents han recordo al jefe de filas del PSC, Jaume Collboni, que está en el gobierno, al que acusan de no combatir la ocupación.