Si un turista busca alojarse en casa de un barcelonés a través de Airbnb u otras plataformas, encontrará de nuevo varios miles de opciones de habitaciones privadas en domicilios particulares pese a la prohibición explícita que impuso el año pasado el ayuntamiento. Esta oferta casi se llegó a extinguir en ese momento, pero la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que ha dado la razón a la asociación Vecinos y Anfitriones (ViA) así como la nueva campaña de información iniciada desde el consistorio contra todo alojamiento sin licencia (incluidos los llamados hogares compartidos) han espoleado a muchos anfitriones, que se rebelan contra la normativa municipal por "criminalizar" lo que posiblemente sea la fórmula más asequible de alojamiento turístico. El colectivo también ha denunciado a la teniente de alcalde Janet Sanz por presunta "discriminación, incitación al odio y estimatización" por vía de la mencionada campaña que alienta las denuncias vecinales.