Suspendido el desahucio de una familia vulnerable en la calle de Ferran

Dos de las versiones más antagónicas de la ciudad, la entregada al turismo, y la tozudamente volcada en el cuidado de sus vecinos, han vuelto a coincidir la mañana de este martes cara a cara; sobre los característicos adoquines de la calle de Ferran, donde, gracias al apoyo de sus vecinos, todavía viven Teresa y su hijo Jonathan, tras lograr aplazar su desahucio previsto para este 31 de mayo. Por el momento, la comitiva judicial les ha dado una tregua -"algo de aire", señala una angustiada Teresa- hasta el próximo 14 de septiembre, tiempo en el que intentarán mediar con la propiedad de la vivienda -un gran tenedor- para que les ofrezca el alquiler social al que la ley catalana obliga a grandes propietarios antes de ejecutar un desahucio. Una mediación que se antoja complicada vistos los antecedentes: por no hacerlo, el consistorio ha sancionado a esta propiedad con 30.000 euros (resolución definitiva por parte del ayuntamiento que, eso sí, como todas, puede ir al contencioso). Teresa tiene 69 años y hace dos años que vive en este piso, alquilado por su hijo Jonathan hace cuatro -relata la mujer- cuando la vida de ambos era absolutamente distinta. "Vine aquí cuando me enteré de los problemas de salud de mi hijo, al que le han dado una discapacidad del 66%. Yo vivía en Venezuela y viajé al saber que mi hijo había enfermado. Dejé allí a mi marido, también enfermo, porque no vine para quedarme, pero al encontrar a mi hijo así, no podía volver y dejarle solo", explica preocupada la mujer, quien señala también que antes de que su hijo sufriera el trastorno tenía dos trabajos y sí podía asumir el pago del alquiler. Cuestión de ley Desde la plataforma vecinal Resistim al Gòtic, que había convocado a la ciudadanía frente a la vivienda de Teresa y Jonathan para detener el lanzamiento, insisten en señalar que el problema "viene cuando el juzgado no se toma en serio las leyes", ordenando un desahucio a una familia vulnerable pese a seguir vigente la moratoria estatal (prolongada hasta el próximo 30 de septiembre) y pese a ser el piso objeto de la orden de desahucio propiedad de un gran tenedor que no ha ofrecido previamente una alternativa a la familia. Al poco de conocer la suspensión -que esta vez la comitiva judicial ha decidido de forma relativamente ágil, sin dilatar el sufrimiento de la familia- Teresa responde al teléfono mucho más tranquila e inmensamente agradecida a todas las personas que la han arropado. La mujer insiste en que no tienen problema en firmar un alquiler social en cualquier otro sitio. Requisitos inasumibles "Estamos pasando muchos nervios con todo esto. Con la suspensión hasta el 14 de septiembre ganamos un poco de margen, pero el problema es que es muy difícil encontrar un alquiler. Las agencias ponen muchos requisitos que son imposibles de cumplir para nosotros. No pedimos quedarnos en este piso, nos podríamos ir a cualquier otro barrio de Barcelona, o incluso fuera, en algún otro lugar de Catalunya, pero necesitamos algún alquiler que sea asumible", narra la mujer, quien ha sido la que ha estado a pie de calle durante toda la mañana junto a los grupos de apoyo que la han acompañado y aplaudido una vez se ha conocido el desenlace. Su hijo ha pasado el trago desde arriba, en el balcón de la vivienda, junto a una trabajadora social. Me acaban de notificar la Primera sentencia que estiman la demanda ordinario de obligación del Gran Tenedor de ofrecer ALQUILER SOCIAL obligatorio L.24/2015 a la familia afectada! Felicidades JurispahsCat cc @davalosalarcon @Evacorredoira @Rafel_Gazquez @FrancescJesus — Rafa Mendoza (@RafaMendozaNava) 27 de mayo de 2022 Sentencia pionera El pasado viernes, el abogado Rafa Mendoza hacía público en su cuenta de Twitter que había logrado ganar la primera sentencia que estimaba en juicio ordinario sobre un alquiler social contra un gran propietario en Badalona. Un matrimonio mayor con discapacidad podrá quedarse con un alquiler social en el piso en el que reside según esta sentencia, que "condena" a realizar un alquiler social y a formalizar el contrato de arrendamiento según lo previsto en la ley catalana 24/2015, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética.

Suspendido el desahucio de una familia vulnerable en la calle de Ferran

Teresa y su hijo Jonathan, con una discapacidad del 66%, viven en el piso de un gran propietario multado por el Ayuntamiento de Barcelona con 30.000 euros por no ofrecer el alquiler social al que le obliga la ley

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