De 'narcofinca' a vivienda social

Era una finca de nueva construcción en una zona tranquila y muy bien comunicada, con el impacto que eso tiene en el precio de las viviendas: altos. El edificio lo levantó un promotor local que logró vender algunos pisos, pocos. Como tantas otras, la promotora entró en bancarrota y los pisos no vendidos -la gran mayoría, 11 de 15- pasaron a ser propiedad del banco. Los problemas, y graves, para las cuatro familias que compraron un piso en el bloque empezaron -ha habido aquí vecinos medicalizados a causa de la situación y hasta amenazas de muerte- cuando los otros 11 pisos fueron ocupados por conocidos grupos de narcotraficantes de la localidad, que, eso sí, no acostumbran a operar en el centro. Se trata de un edificio en el que todos los pisos tienen terraza, con lo que las personas que fueron ocupando las viviendas vacías para el cultivo y tráfico de marihuana saltaban de una terraza a otra, pasando sin distinciones por los cuatro pisos propiedad de los vecinos que los habitaban, para terror de estos. Vivir allí se volvió una auténtica pesadilla: pasar miedo en tu propia casa. El conflicto llegó al Ayuntamiento de El Prat a través del servicio de mediación comunitaria, cuando un vecino desesperado acudió a denunciar los serios problemas de convivencia en la comunidad; pero rápido vieron que la gravedad del asunto se escapaba a la capacidad de acción de la mediación. Aquí, a los clásicos problemas de horarios y ruidos, se sumaba la extorsión, las amenazas de muerte y el tráfico de drogas. En ese momento, el caso pasó del área de mediación a la de vivienda, y la empresa municipal Prat Espais empezó a contactar con la propiedad para intentar agilizar el desahucio, "aceptando todas las contradicciones que eso nos genera", se sincera Alba Bou, segunda teniente de alcalde del Área de Urbanismo y Vivienda, de En Prat En Comú. Pese a la lógica incomodidad de promover un macrodesalojo -se trataba de 11 pisos- desde su posición política e ideológica, Bou explica que tuvo claro que era algo que tenían que hacer. "En algunos pisos había testaferros. Hoy ponían a alguien y después lo cambiaban. Primero intentamos que se encargara de la situación la propiedad, pero nos era muy difícil. Con los grandes tenedores no hablas nunca directamente con la propiedad, sino con abogados y portavoces y todo cuesta mucho más; así que tomamos la decisión de comprar las viviendas y liderar el desahucio nosotros", prosigue la teniente de alcalde. Los compraron en diciembre del año pasado por 1,2 millones. "Fue una compra a ciegas, los pisos estaban ocupados y no podíamos entrar a verlos, pero nos arriesgamos", añade la edila. Y la compra era la parte sencilla. A los vecinos les daba igual quién fuera el propietario, lo que querían resolver la situación. No fue sencillo. Se trataba de promover el desahucio de los 11 pisos en el mismo momento, en caso contrario, no serviría de nada. "Si desalojamos un piso un día y el otro al mes siguiente saldrían por una puerta y entrarían por otra, eso lo teníamos claro", prosigue Bou. Proceso subrogado Con esa idea bien clara, tras la compra subrogaron el proceso judicial que había iniciado el banco meses antes y movieron hilos en los juzgados para insistir en la importancia de un macrodesalojo. Finalmente llegó tres meses después de la compra, el 26 de marzo. "Teníamos preparado un gran dispositivo por lo que pudiera pasar, pero fue todo sorprendentemente bien", asegura satisfecha la edila. De forma inmediata al desalojo, blindaron todos los pisos para evitar que volvieran a ser ocupados. Al entrar en ellos ya no quedaba rastro de las plantaciones -sabían que iban a ser desalojados y se lo llevaron todo antes-, pero quedaban rastros evidentes de la instalación para el cultivo de marihuana. "Intentaremos agilizar todo el proceso lo máximo posible. Es una finca que vivirá durante dos o tres meses con un servicio de vigilancia permanente, no nos podemos arriesgar. Ahora se trata de terminar las obras de adecuación de las viviendas cuanto antes para poderlas ir adjudicando a las familias que están ya en lista de espera de la bolsa de alquiler social, con la intención de que esté toda la finca habitada este verano", concluye la edila.

De 'narcofinca' a vivienda social

Un municipio del Baix Llobregat compró en diciembre 11 pisos de una finca de 15 propiedad del banco y ocupados por un clan vinculado al cultivo y tráfico de droga

Tras la compra, el ayuntamiento impulsó un macrodesalojo que se produjo sin incidentes el 26 de marzo para reformar los pisos y sumarlos al parque público

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