El desahucio más incómodo de Barcelona

Siete desahucios al día. Es la media escalofriante de expulsiones que se producen día tras día en la ciudad de Barcelona. Uno de ellos, el próximo 18 de mayo, tiene algo de inaudito y mucho de incómodo. Un matrimonio de 61 y 57 años será expulsado de una casa de dos plantas en el barrio de Sant Andreu a petición de la Fundació Habitatge Social y Cáritas. Las entidades señalan que la pareja ha incumplido el programa de reinserción social y que hay varias familias con niños que también necesitan esta oportunidad. Los habitantes, León y Maia Vephkhpvia, piden un techo bajo el cual poder vivir. Mientras, la administración vuelve a demostrarse incapaz de garantizar el derecho a la vivienda en la ciudad. Hace 11 años que Cáritas atiende la familia Vephkhpvia. En 2013 estaba compuesta por el matrimonio, su hija menor, el yerno y una nieta de 2 años. Vivían en un par de habitaciones de un piso en la calle de Urgell. "En esa casa vivían más personas, no tenía ascensor y estaba llena de cucarachas", recuerda León, de 61 años. Él, un georgiano sin papeles, trabajaba en la construcción de forma intermitente. Ella, de 57, cuida a personas mayores pero tras la pandemia ha visto reducido su horario y su sueldo. Cáritas les ayudaba en la comida y los medicamentos. En 2015, cuando ya no podían hacer frente a los pagos, la oenegé les ofreció una casa con dos pisos y patio interior en el barrio de Sant Andreu por un alquiler social de 280 euros al mes. Se trataba del proyecto Oikos, en el que Cáritas colabora con la Fundació Habitatge Social. Una entidad que dispone 400 pisos en Barcelona y alrededores en el que viven familias en situación de exclusión social. "Hacemos contratos de un año que se van prorrogando y los precios se estipulan en función de la situación de la familia: desde 30 euros al mes hasta 280", explican. Las entidades ayudan al pago de los suministros. "El único requisito es el de participar y colaborar en el proceso de reinserción social. Les ofrecemos la vivienda social pero el objetivo es que salgan de esta situación: encuentren trabajo, se formen, consigan prestaciones sociales...", comentan desde la entidad. Situación insostenible El problema con la familia Vephkhpvia, desde la visión de Cáritas y de Fundació Habitatge Social, es que este pacto se quebró. "No permitían ningún tipo de seguimiento, no colaboraron con los servicios sociales, no permitían tan siquiera que entrara el educador social... Optaron por desentenderse de nosotros", señalan. La familia admite parte de esta situación. "Lo que pasó fue que nuestro otro hijo se quedó en la calle. Y los educadores nos dijeron que se tenía que ir. ¿Cómo puede una madre dejar a su hijo en la calle?", asegura Maia. Fue entonces cuando, reconocen, empezó el trato hostil con la oenegé. En 2018 la familia dejó de pagar el alquiler social. "Dije que si me hacían un contrato de seis meses no íbamos a pagar", asegura Maia. "Para nosotros esta situación es insostenible, nos debemos a una función social de la vivienda y hacer una gestión responsable", insisten las oenegés. En 2019, los dos hijos y los ya tres nietos abandonaron la casa de Sant Andreu. "Estamos hablando de que la vivienda es desproporcionada para el matrimonio. Esta casa está pensada para familias con hijos", añaden desde la entidad. Y aseguran que les hicieron varias propuestas. "Darles 3.000 euros para que pudieran pagar otra vivienda u ofrecerles un piso de los nuestros más pequeño. Pero nos dijeron que no a todo", asegura la entidad. "Esto es mentira, porque si nos hubieran ofrecido otro piso hubiéramos dicho que sí, nosotros lo único que queremos es un techo digno que podamos pagar", asegura la mujer. A finales de 2019 la fundación presentó la denuncia en los juzgados para iniciar el desahucio. "Para nosotros no es fácil pero tenemos una treintena de familias que también necesitan una vivienda", explican fuentes del ente. Búsqueda infructuosa En 2020, el matrimonio acudió al Sindicat de l'Habitatge de Sant Andreu, que logró paralizar los dos primeros intentos de desahucio en marzo y julio de 2021. "Nos parece inaudito que una entidad social como Cáritas deje esta familia a la calle. ¿Qué tipo de obra social es esta?", se queja uno de los miembros del sindicato, Roger Ramírez. Ese mismo año las dos entidades, el ayuntamiento, la familia y el sindicato pactaron que la familia abandonaría la casa a finales de 2021. Hoy siguen allí. "Lo intentamos pero fue imposible, sobrevivimos con 550 euros al mes", lamenta Maia. "Nuestros hijos no nos pueden alojar, los caseros nos piden nóminas y no las tenemos", prosigue Maia. El próximo día 18 el matrimonio deberá abandonar la casa. Está previsto que los antidisturbios de los Mossos lo hagan efectivo por la fuerza, si es necesario. Una familia marroquí, sin papeles, sin ingresos y con tres niños menores de 10 años a cargo, está esperando empezar allí una nueva vida. "Yo sé que esta casa es demasiado grande para nosotros y solo puedo agradecer a Cáritas lo que ha hecho por nosotros, que aún hoy nos paga los recibos de luz, agua y gas... y lo que sigue haciendo por nuestra hija, que sí le ayudan. Pero nosotros no tenemos dónde ir. Solo pedimos un techo", suplica Maia, cubriéndose la cabeza con las manos. Este lunes, la familia ha logrado entrar en la mesa de emergencia de la vivienda de Barcelona. Es el instrumento de la administración que suele tardar meses, incluso años, para conseguir una vivienda social a las familias vulnerables de la ciudad.

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