Pons i Gallarza, los primeros 'masovers' del parque público de Barcelona

Un grupo de casitas ‘de pueblo’ en una tranquila calle adoquinada sembrada de naranjos - ‘adn’ Sant Andreu- a pocos metros del metro se presentaba como una ‘gran oportunidad’ para cualquier grupo inversor. Comprar el conjunto de viejas viviendas, muy deterioradas, vaciarlas, reformarlas y alquilarlas de nuevo a un precio infinitamente superior. La demoledora lógica del mercado. El (importante) factor que no tuvieron en cuenta los inversores que intentaron comprarlas fue que, además de los adoquines y las naranjas amargas, en el tramo final de la calle de Pons i Gallarza se concentraba también el espíritu rebelde del Sant Andreu popular. Lejos de aceptar el dinero y marcharse, los habitantes de las casitas ubicadas entre el 105 y el 117 de esta preciosa calle se plantaron, organizaron y lograron algo que se antojaba imposible: que el Ayuntamiento de Barcelona adquiriera las viviendas, mantuviera todos los contratos -y alquileres- y les planteara una fórmula hasta el momento sin ningún referente en el parque público de la ciudad: que se quedaran en sus casas con un contrato de ‘masoveria urbana’. Una fórmula que implica que los inquilinos rehabilitarán y se encargarán ellos mismos el mantenimiento de las casas a cambio de una reducción en el precio del alquiler. "Como se había hecho siempre", apunta Lidia Beltri, quien ha vivido aquí y así toda su vida. La historia de la lucha de resistencia de Pons i Gallarza -que hace tiempo que dejó de ser solo de las familias afectadas y pasó a ser una cuestión de dignidad de barrio, como se vio en el fiestón de celebración del acuerdo en junio de 2020, donde hubo hasta fuegos artificiales de los 'diables' de Sant Andreu- empezó en noviembre del 2017, cuando llamó a su puerta un señor que se presentaba como el nuevo propietario. Desde entonces hasta junio de 2020, cuando se hizo efectiva la compra por parte del consistorio, la lucha de estos vecinos, todos de Sant Andreu "de toda la vida", fue larga y en muchas ocasiones tensa. Dos de ellos llegaron a tener órdenes de desahucio con las que tuvieron que convivir y lidiar. Con sus propias manos Las viejas herramientas que cuelgan de una de las paredes del pequeño comedor de la casa de Roger Ramírez dan fe de que aquí tienen costumbre de hacérselo todo ellos. “Eran de mi abuelo”, explica el hombre, cuyas manos también le delatan. Es instalador y, mucho antes de que el ayuntamiento planteara la fórmula de la ‘masoveria urbana’ ya había hecho mucha obra en el interior. “Cuando entramos en el 2015 estaba inhabitable, pero con la propietaria ya pactamos un alquiler bajo a cambio de que nosotros mismos la iríamos arreglando”, recuerda desde el diminuto patio, que también abrió él mismo. Pero la propietaria falleció sin hijos y heredó las casas un primo que fue quien las vendió. Proceso largo Cuando estalló su caso todavía no existía el Sindicat d'Habitatge de Sant Andreu -de hecho este fue el detonante para que se creara-, pero Roger tenía experiencia, contactos y amigos en diversos movimientos sociales y vecinales del barrio -del Ateneu L'Harmonia a La Cinètika- y llamó, junto a 'las sisters' -Lidia y su hermana Yolanda- y el resto de vecinos, una piña, a todas las puertas del barrio, tejiendo complicidades desde el primer minuto. "La lucha de Pons i Gallarza iba mucho más allá de nuestros casos particulares. Perder estas casas era una derrota identitaria a nivel de Sant Andreu. Su defensa se convirtió en todo un símbolo", subraya Roger. No en vano el logo de su lucha es un Mr Monolopy atrapado en una señal de prohibido. Tras la compra de las fincas por parte del ayuntamiento por la vía del tanteo y retracto empezaron los necesarios trabajos en los tejados -a cargo del Instituto Municipal de Vivienda, su nuevo casero- y, una vez finalicen estos -están ya muy avanzados- empezarán las de los interiores de cada una de las casitas -de unos 70 metros en dos pisos-, que irá ya a cargo de cada vecino. Lucía Martín -concejala de Sant Andreu, y de Vivienda- le tiene especial cariño a esta operación porque viene de una larga lucha vecinal y "representa una victoria a la especulación". "Nos gusta puntualizar que la 'masoveria urbana' no es algo que se pueda hacer en todas partes. Aquí teníamos una comunidad organizada que ya llevaba años haciendo el mantenimiento de estas casitas", señala la edila, quien añade que se trata de una primera experiencia piloto que les permite una "gestión diferente del parque público, ahora que este empieza a crecer".

Pons i Gallarza, los primeros 'masovers' del parque público de Barcelona

Tras casi tres años de lucha, los vecinos de este grupo de casitas de Sant Andreu lograron que el ayuntamiento las adquiriera, impidiendo así su compra por parte del grupo inversor que pretendía expulsarles

Cuando finalicen las obras en el tejado, a cargo del consistorio, su nuevo casero, firmarán un contrato de 'masoveria urbana': se harán cargo de las reformas interiores y el mantenimiento a cambio de una rebaja en el alquiler

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