Es la hora de comer en la habitación de una pensión de los afueras de Barcelona. Una familia recalienta un pollo rebozado con patatas fritas en un microondas. El hogar está formado por una madre, sus dos hijas (una de ellas adolescente) y su nieto de tres añitos. Viven en menos de 10 metros cuadrados, con dos camas y un armario. "Llevamos así cuatro meses, pero hay personas que están más de un año", explica la abuela, que además, tiene problemas de espalda. Como ellos, cada mes cerca de 2.000 personas viven en pensiones de Barcelona pagadas por el ayuntamiento. "Es mejor que estar en la calle o en una chabola", asumen muchos resignados. Los trabajadores sociales lamentan tener que darles esta solución. El consistorio admite que no es la respuesta digna que necesitan sus vecinos más vulnerables, especialmente los niños, pero achaca el problema al escaso parque de vivienda social, competencia de la Generalitat. Mientras tanto, desde hace dos años que diversas filiales del Grupo Barceló facturan decenas de millones de euros buscando techos para los más vulnerables.