El limbo alegal en el que han flotado durante años las habitaciones turísticas en pisos particulares se acaba oficialmente este viernes, aunque ello no signifique que desaparezca de un día a otro la la actividad en Barcelona. El decreto del Govern que por fin reguló esta figura de alojamiento turístico estableció un plazo de un año para que los ayuntamientos decidieran sus propias reglas del juego, y la capital catalana se ha reafirmado en lo que de momento es una prohibición. De ese modo, desde mañana quien tenga anunciadas habitaciones en su domicilio por periodos de menos de 31 días está cometiendo una infracción. "Si el ayuntamiento detecta incumplimientos valorará las actuaciones disciplinarias que haga falta llevar a cabo", han señalado fuentes del consistorio.