“El que los dictámenes de los distintos comités de Naciones Unidas no sean ejecutivos ni vinculantes no quiere decir que no tengan ningún valor”. De esta manera tan taxativa se expresa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en una sentencia que obliga al Ayuntamiento de Barcelona a cumplir esta resolución del organismo internacional y evaluar si un exagente de la Guardia Urbana en situación de incapacidad permanente puede desempeñar una segunda actividad como funcionario del consistorio, tal y como él reclama. Es el caso de Vicenç Flores, un expolicía local de la capital catalana que fue arrollado por un coche cuando estaba de servicio. El impacto le destrozó el pie. Las secuelas del golpe le han provocado también dolores en la espalda.