Desde que Ada Colau se hizo cargo de la alcaldía de Barcelona a los servicios jurídicos del consistorio y a los abogados externos contratados se les acumula el trabajo. Algunos aspectos de la gestión municipal han derivado en los tribunales de justicia. Las políticas en urbanismo, movilidad, turismo, derechos sociales o gestión del agua han provocado la reacción de colectivos afectados. Empresas, colegios profesionales, patronales y otras entidades o particulares han trasladado sus reclamaciones ante el juez. La mayoría de casos van a parar a la jurisdicción contenciosa-administrativa (recursos contra un acuerdo de la Administración), aunque también se acude a la vía penal. Las querellas o denuncias por la posible comisión de un delito, por el momento, han tenido poco éxito.