Nueve directivos y técnicos de obra de dos uniones temporales de empresa (UTE) han admitido su participación en una estafa millonaria en el Port de Barcelona a través de la falsificación de facturas por unas piedras inexistentes para la ampliación del dique Este. Ocho han sido condenados en una sentencia de conformidad a dos años de prisión y un noveno, a un año y nueve meses de cárcel por lo mismo y por estafar a Hacienda. Todo ello después de un pacto con la fiscalía y el resto de acusaciones. La Audiencia de Barcelona ha suspendido el ingreso en un centro penitenciario de los acusados bajo la condición de que no delincan durante dos años y que realicen un curso sobre ética y moral en el servicio de la función pública durante seis meses.