El día antes de su primera fecha de desahucio, el 8 de octubre del año pasado, Olga estaba haciendo cajas, derrotada tras haber llamado a cientos de puertas cerradas, cuando sonó su móvil. “¿Tú no tenías un desahucio mañana? No te vamos a dejar sola”, le dijo una voz. Era alguien del Sindicat d’Habitatge de Vallcarca, espacio al que se había acercado una sola vez -de ahí que tuvieran su teléfono y su fecha de lanzamiento-, pero al que no había vuelto. No lo había hecho porque estaba nerviosa, agobiada y superada por la situación y porque, subraya convencida, "por aquel entonces no era consciente de las cosas que podíamos conseguir". A la mañana siguiente y sin que les hubiera convocado, no solo aparecieron en su puerta para arroparla varios activistas de Vallcarca. También lo hicieron miembros del entonces recién creado Sindicat de Cassoles, para cubrir Sarrià-Sant Gervasi, distrito en el que se encuentra el local en el que Olga, siete meses después de aquel primer intento de desahucio, sigue viviendo con su hijo de 19 años y un trastorno del espectro autista.