Comparten el 'pecado' de haber alquilado puntualmente sus propios hogares de Barcelona a turistas sin tener licencia, y de haber sido sancionados con multas que suelen alcanzar los 60.000 euros. Tras años de pugna para que sus casos tengan un trato distinto al de los fondos de inversión y mafias que se lucran alquilando viviendas por días y sin permiso, este miércoles han arrancado al ayuntamiento el compromiso de anular o reducir las sanciones si se comprueba su desproporcionalidad. La teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, se ha reunido con representantes de la asociación ACABA, que representa a 300 afectados, de los cuales una veintena sufre ya procesos de embargo. La edil ha explicado posteriormente que la normativa se ajustará para castigar a los que abusan de esta práctica ilegal, pero siendo "sensible a la realidad de las familias" que eventualmente sucumbieron a los cantos de sirena de Airbnb.