En pleno siglo XXI, vivir en un piso a una altura media o alta sin ascensor en Barcelona sigue determinando, más allá del confort, el arraigo de un vecindario. Se convertirá en una trampa que lastrará la libertad de movimientos de quienes envejecen, tienen un hijo o hasta se rompen una pierna en un momento dado, hasta el punto de forzar un cambio de domicilio. En las dos últimas décadas, la ciudad ha avanzado decididamente hacia algo tan básico como la accesibilidad en la propia residencia, pero en la actualidad aún suma unas 17.700 fincas de más de cuatro plantas sin elevador (un 23% del total, según una estimación actualizada por este diario a partir de los últimos datos oficiales del 2017), de las que en torno a una cuarta parte podrían encajarlo fácilmente si superasen los acuerdos vecinales y los requisitos administrativos previos. Para acelerar ese proceso que cambia la calidad de vida de los barceloneses, el ayuntamiento otorgó en 2020 ayudas para la instalación de 101, que beneficiaron a 3.300 vecinos, con una inversión de 2,6 millones. Este año prepara una nueva campaña, que suele abarcar del 25 al 50% del gasto necesario.