Unos 100 kilómetros cuadrados, 1.300 kilómetros lineales de asfalto y más de 4.500 calles. Además de 1,6 millones de habitantes, 824.000 vehículos, 5.500 terrazas de restaurantes y 26.000 contenedores. Entre otras muchas cosas. Barcelona es una ciudad densa, globalizada, internacional y turística (olviden la pandemia por un momento), y a pesar de ello, mantiene un comercio de proximidad vigoroso. Quizás por ser, en el fondo, la unión de los pueblos que hace 170 años eran el área metropolitana de la primera ciudad amurallada. A toda esta configuración ya hace tiempo que se le unió el reparto de mercancías, la famosa carga y descarga. Y a tan urbana ocupación se le sumó el transporte vinculado a las compras por internet, que han ido creciendo año tras año y más lo hizo en 2020 gracias y por culpa del coronavirus: aumentaron un 30% respecto a 2019. El ayuntamiento, bajo el pretexto de proteger al pequeño 'botiguer', tiene entre manos una reforma fiscal que permita cobrar un impuesto a las grandes empresas del consumo electrónico por ocupación del espacio público en las idas y venidas de sus furgonetas. Pero esto va mucho más allá de apretar un botón y recibir un paquete: es, también, un reto para la movilidad, puesto que la distribución urbana de mercancías supone más del 25% del tráfico en vehículo privado y es responsable del 40% de las emisiones contaminantes derivadas del tráfico.