La crisis sanitaria y, sobre todo social, que ha provocado la pandemia del covid-19 ha supuesto un aumento considerable de las ayudas proporcionadas desde los servicios sociales del ayuntamiento. De hecho, el pasado año se marcó un registro histórico en volumen de asistencias tanto desde el punto de vista de personas atendidas: 88.375, un 11% de aumento respecto a las 79.575 que necesitaron apoyo el año anterior, como desde el punto de vista económico: en 2020 se destinaron 46,5 millones de euros a apoyar a los más vulnerables. Los datos aún son más crudos si se tiene en cuenta que un 32% de los que tuvieron que acudir a los servicios sociales a partir del mes de marzo no lo habían hecho nunca o llevaban más de un año sin necesidad de hacerlo.
Por territorios, la radiografía deja un mayor volumen de asistencias en los distritos de Nou Barris, Ciutat Vella y Sants con 38.005, 36.187 y 32.595 actuaciones, respectivamente, pues cada persona puede recibir más de una ayuda. El total de estas en la ciudad alcanzó la cifra de 251.460, un incremento del 36,4% en relación a las 184.344 atenciones realizadas un año antes. En la cola de peticiones figuran los distritos de Sarrià - Sant Gervasi (10.509) y Les Corts (8.839). En cuanto al perfil del solicitante, un 64% fueron mujeres, aunque durante 2020 se percibió un pequeño aumento de hombres en situación de pedir ayuda, en relación a ejercicios anteriores. En este sentido, Sonia Fuertes, comisionada de Acció Social del ayuntamiento, ha afirmado que “todos los procesos de feminización de la pobreza quedan de relieve con los datos”.
Precariedad ya existente
Las cifras las ha desnudado este viernes Fuertes, no sin recordar que la precariedad ya existente antes de la aparición de la pandemia está íntimamente relacionada con el aumento de demandas de ayuda y con la aparición de ese 32% de nuevos usuarios. Una precariedad, a su juicio, estrechamente vinculada con “la falta de una política clara de garantía de ingresos”, con “todo lo que tiene que ver con el acceso a la vivienda”, con “todas las cuestiones que atañen la baja calidad de la ocupación” y con “la situación de irregularidad administrativa de muchas personas”. Las malas perspectivas económicas y la dificultad por la que están pasando los sectores económicos donde tradicionalmente es más fácil inserir laboralmente a los más vulnerables, restauración y hostelería, no auguran buenas perspectivas para este año: “Es previsible que la situación continúe siendo muy difícil o que se vea incrementada”.
Las ayudas en alimentación y la vivienda son las que concentraron la mayoría de demandas. La primera sumó 28.213 asistencias por un valor de 6,4 millones de euros, teniendo en cuenta que en 2019 fueron 7.736 ayudas por un importe de 1,2 millones, el aumento representa un 433% en cuanto al importe y multiplicar por cuatro las ayudas concedidas. “La cuestión de la alimentación es uno de los temas que ha emergido con mas crudeza durante la pandemia”, ha asegurado Fuertes. En vivienda se destinaron 24 millones, un incremento del 126% respecto 2019. De estos, 19,8 millones corresponden al pago de alojamientos de emergencia en pensiones, hostales y hoteles. Los 4,2 millones restantes se invirtieron en 10.028 ayudas para cubrir gastos de alquileres. En el ejercicio anterior, el importe destinado a vivienda supuso 10,6 millones.