Barcelona no prestará sus ahorros a Sánchez y los invertirá en la ciudad

Barcelona no prestará sus ahorros al Gobierno de Pedro Sánchez. El consistorio descarta que el Ejecutivo central acceda a los 165 millones de euros de los que el ayuntamiento dispone en remanentes de tesorería: 64,7 millones provienen del superávit generado por el consistorio en el 2019 Si se tiene en cuenta también a las empresas municipales, el remanente total barcelonés es de 230 millones. El Gobierno de Sánchez reclama la entrega de los ahorros de los consistorios en el marco del acuerdo que cerró con la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), y que esta aprobó por los pelos, con el único voto favorable de los representantes del PSOE, la abstención de IU-Podemos y el voto contrario del resto de partidos. Una entrega que, de hecho, es voluntaria, por lo que la negativa a completarla puede considerarse un feo pero no una irregularidad. Generar déficit No es solo que el gobierno de Ada Colau no tenga intención de desprenderse de su remanente. Prevé invertir en la ciudad este año gran parte de esa hucha, unos 150 millones de euros de los 230 citados. Y prevé hacerlo generando un déficit por valor de 150 millones para, posteriormente, cubrir ese agujero con recursos del remanente. Esta segunda parte supone una novedad, a la vista de que hace años que los consistorios tienen vetado generar déficit. Para usar los recursos por la vía de crear déficit, Barcelona puede acogerse a que el acuerdo entre el Gobierno y la FEMP permite generarlo en este ejercicio, pero el gobierno barcelonés apela, sencillamente, al hecho de que los presupuestos para el 2020 se hicieron partiendo de una realidad que la crisis sanitaria del coronavirus ha hecho trizas. Por eso, argumenta el concejal de Presupuestos, Jordi Martí, no se podría considerar ilegal el déficit que el ayuntamiento genere en este ejercicio. Porque no es premeditado. "La ley prohíbe que presentes unos presupuestos que digan que calculas ingresar 2.800 millones y gastar 3.000, y que vas a financiar los 200 que faltan mediante remanentes o generando déficit", subraya. Pero lo que no es ilegal, prosigue, es afrontar la caída de ingresos por un motivo inesperado. A todo esto se añade que el propio acuerdo entre el Gobierno y la FEMP deja barra libre al gasto municipal. "Debido a la grave situación provocada por la pandemia, excepcionalmente no se exigirá el cumplimento de la regla de gasto para el Subsector de Entidades Locales durante el ejercicio 2020", afirma el texto. Martí, como ya hizo durante el pleno extraordinario forzado por la oposición en el que, en julio, todos los grupos pidieron disponer de su superávit y sus remanentes de tesorería, carga contra la medida planteada por el Gobierno central, y advierte: “Dejar dinero al Estado sería un mal negocio”. Lo explica: en función del escenario de los próximos meses, renunciar a esos recursos podría llevar al consistorio a una situación de fragilidad que, por ejemplo, le impidiera seguir pagando a 30 días. Martí recalca que el déficit real del 2020 no se conocerá hasta junio del 2021. Y que las previsiones que normalmente resultan altamente fiables dependen ahora de factores por determinarse: si volverá el confinamiento domiciliarios, si no lo hará. La propuesta del 35% Esta es la posición del Ayuntamiento de la capital catalana ante la fórmula prevista por el Ejecutivo central: que los consistorios le entreguen sus remanentes para, a renglón seguido, hacerles llegar unos ingresos extra de 5.000 millones durante el 2020 (2.000 millones) y el 2021 (3.000 millones). Todo ello con la previsión de que los municipios recuperen la cantidad íntegra prestada en 10 años, a partir del 2022, con intereses. En grandes cifras, el mecanismo acordado por el Gobierno y la FEMP supondría movilizar 14.000 millones de euros que estaban congelados por los rígidos límites de la ley de racionalización y estabilidad de la Administración Local y de la ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, planteadas para evitar excesos o blindar las políticas de austeridad tras la crisis económica del 2008. Unanimidad entre reproches La pérdida de recursos de Barcelona por los efectos de la crisis sanitaria está cifrada en cerca de 300 millones de euros. Por una parte, por la caída de ingresos general. Por otra, por gastos complementarios. Por poner un ejemplo hipotético, el consistorio podría verse obligado a financiar la concesión de un equipamiento deportivo que ve como el número de cuotas de los socios se desploman. En ese contexto de previsión de la dificultad, y aunque no faltaron los reproches, los grupos votaron por unanimidad en el pleno extraordinario del 24 de julio la propuesta de que el Gobierno central permitiera emplear el déficit y los remanentes, así como la de la derogación de las leyes que limitan el gasto. Que los dos socios del Gobierno central, el PSOE y Podemos, sean, con los matices que uno quiera, los referentes de los dos socios del gobierno de la capital catalana, Barcelona en Comú y el PSC, no impidió la votación del pleno. Está por ver si el rechazo a prestar el superávit y los remanentes genera tensión entre unos y otros, en Barcelona y en Madrid.

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El gobierno de Colau prevé emplear durante este año 150 de los 230 millones de su remanente

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