La preocupación de Barcelona por las ocupaciones de vivienda conflictivas es extensiva a toda su área metropolitana y muchos puntos de la costa donde las segundas residencias permanecen durante largos meses vacías. Por eso,  ayuntamientos como el de Cornellà de Llobregat están prestando especial atención a esta situación, tratando de ponerle freno. Su consistorio ha activado ahora una campaña de recomendaciones a los vecinos, a quienes se enviará un díptico, con el objetivo de priorizar lalucha contra las mafias y el mercado negro de viviendas ocupadas. 

La Guardia Urbana de la ciudad ha detectado que las ocupaciones de viviendas están generando algunos casos de problemas de convivencia, tanto por ocupaciones en pisos privados de vecinos de Cornellà, como en pisos públicos que deberían ser asignados por los Servicios Sociales a familias vulnerables, pero que son usurpados previamente. Cuando las condiciones lo permiten, se emiten órdenes judiciales de desalojos cautelares, pero ello no es posible si los propietarios son empresas o bancos.

Emilia Briones, teniente de alcalde de Presidencia, explica que en los casos en que la convivencia se ve afectada (por incivismo, ocupación con fines delictivos y demás), la policía local interviene. Se realizan denuncias administrativas por dichas molestias o informes que pueden derivar a los juzgado. En algunas ocasiones se han recuperado pisos.

Cambio de cerraduras

En el punto de mira están las mafias que abren pisos a los que cambian las cerraduras que luego ofrecen a terceras personas en situación de necesidad por un precio pactado. Para combatirlas se colabora activamente con Mossos y Policía Nacional, si están en situación irregular en España o implicados en delitos, añade. 

En ese contexto, la policía local ha elaborado una serie de consejos que se van a difundir en folletos en los buzones en los próximos días. Empiezan por no pagar por un piso fuera de los cauces legales del alquiler. En caso de necesidad, se enfatiza, hay que dirigirse a los Servicios Sociales. El consistorio da prioridad a investigar a las mafias, pero solicita que cualquiera que sospeche que un piso puede estar siendo forzado para su ocupación ilegal avise a la Urbana o los Mossos para poder actuar de «forma inmediata».

«La colaboración ciudadana es clave», dice Briones. En casos en que la ocupación se haya consumado y sea problemática, aconsejan requerir los servicios de la policía local para que las unidades de convivencia y proximidad puedan seguirlos.