Que uno de los mayores desafíos del sistema educativo vaya en el vagón de cola de las prioridades de la cosa pública, como parece ser el caso, es una de las mayores paradojas de la enseñanza contemporánea. Conseguir que un chaval que ha dejado de estudiar y que no trabaja vuelva a apostar por la formación de cara a insertarse con ciertas garantías en el mercado laboral es tan complicado como lógico. Juegan la motivación, las frustraciones y las expectativas, pero también la capacidad de dar una respuesta adecuada y personalizada a un problema que no tiene fácil solución. Para eso se crearon las escuelas de segunda oportunidad. En Catalunya hay siete centros destinados a escolarizar a jóvenes que han dejado los libros y no tienen empleo. El próximo curso serán ocho después de la apertura en Barcelona, en septiembre, del primer equipamiento de estas características de propiedad 100% pública de toda España. El único 'pero' es que, por ahora, serán solo 30 plazas. 

Esto tiene poco que ver con la formación profesional porque los alumnos son mucho más peculiares. Por su entorno familiar, social y económico, pero sobre todo, por su absoluta falta de orientación. Son una brújula en el polo norte, sin saber muy bien dónde mirar. Son, según se mire, los expulsados del sistema. Por eso, tal y como rezan los impulsores de estas escuelas, aquí de lo que se trata es de ofrecer contenidos en función de las necesidades, voluntades y capacidades de cada uno. La escuela de segunda oportunidad municipal ya se está construyendo en el local que hasta hace unos años ocupaba el antiguo CAP de Navas, en el distrito de Sant Andreu.

Concurso público

La gestión, ganada por concurso público, queda en manos de Salesians Sant Jordi (administra otras cuatro escuelas en Catalunya) y de la Fundación El Llindar (regenta otro centro en Cornellà) y contará con seis profesionales a tiempo completo. El consistorio ha invertido 550.000 euros en la reforma del inmueble y para los próximos dos años dispondrá de una inversión de 1,2 millones de euros. En el curso 2020-2021 se unirán otros 30 estudiantes. En todo el territorio catalán son poco más de 1.000 (en toda España son 7.500) los jóvenes que intentan muscular su futuro en uno de estos centros. La de Barcelona, tal y como confirmó José María Usón, presidente de la Asociación Española de Escuelas de Segunda Oportunidad, es la primera experiencia pública del Estado que cuenta con la acreditación de esta entidad.

En la capital catalana, según un informe del 2016 de la Fundación Barcelona Formación Profesional, hay 17.000 personas de entre 16 y 24 años que ni estudian ni trabajan. Es imposible entrar al detalle de la casuística de cada caso. Pero sí parece evidente que 30 plazas son del todo insuficientes. El comisionado de Educación, Miquel Àngel Essomba, ha asegurado este lunes que la intención del consistorio es ampliar la oferta durante el presente mandato. Por su parte, Begoña Gasch, directora de El Llindar, se ha quejado amargamente del ninguneo que esta formación no reglada padece desde hace años. Estos centros formaban parte de un decreto de escuela inclusiva aprobado por el Govern en el 2017. La normativa, denuncia Gasch, no se ha desplegado.