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EN CIUTAT VELLA

El caso de pesadilla que revela el fraude de las falsas habitaciones turísticas en Barcelona

El coto a los pisos turísticos ilegales dispara la picaresca en alojamientos por días

Los operadores fingen que son estancias en casa de un anfitrión pero nadie reside allí

Piso destinado fraudulentamente a habitaciones por días, cerca del Arc de Triomf.

Parecía la familia perfecta. Los inquilinos idóneo. Matrimonio, niños y hasta una abuela interpretando el papel de enamorados de Barcelona que buscaban una vivienda de alquiler como segunda residencia. Eran rusos pero aseguraron residir en la Costa Brava y necesitar un segundo hogar para sus escapadas de fin de semana a la capital catalana, o por estudios de los hijos. También era intachable su estado financiero y nóminas. Así que una conocida agencia inmobiliaria, previo visto bueno de Iñaki Gorostiaga, les alquiló el enorme piso familiar de 170 metros cuadrados. La pesadilla comenzó a los pocos días, cuando comenzó el trajín de turistas arriba y abajo. Ni rastro de los rusos en la vivienda, convertida en una suerte de hostal cuyas habitaciones se alquilan individualmente por días.

El propietario, que hace muchos años que alquila este inmueble por la vía tradicional (tres o cinco años, según la legislación vigente), apenas se había recuperado del susto de descubrir otro inmueble ocupado en la misma finca por una docena de jóvenes violentos el pasado abril, y que apareció en todos los informativos hasta su desalojo. Se trata del edificio de Lluís el Piadós, 7, un caramelito por su ubicación y el tamaño de las viviendas, a un paso de la calle de Trafalgar y del Arc de Triomf. Pero esta vez el problema aún le afectaba más directamente, al ser de su propiedad y habiendo sido engañado vilmente.

“Lo que no sabían es que yo también vivo en el edificio, por lo que nos dimos cuenta inmediatamente del movimiento de maletas que había”, relata. Comprobó como habían cambiado la cerradura y a sabiendas de que debía estar anunciado en alguna plataforma de reservas, como si de un CSI se tratara, Iñaki inició su propia investigación para buscarlo en Airbnb. Pasó una noche en vela analizando cientos de anuncios, tanto de pisos como de habitaciones. “No encontraba nada”, añade. Así que optó por hablar con uno de los huéspedes, que le mostró su reserva, efectivamente con Airbnb, y el correspondiente link.

Reservas vigiladas

A Iñaki casi le da un infarto cuando descubrió que el piso se explotaba por habitaciones, a las que se había añadido una cerradura individual. Intentó que algún conocido realizase una reserva desde España para averiguar su estado, pero no hubo manera de recibir respuesta. Así que optó por pedir a un amigo que vive en el extranjero y tenía que viajar a Barcelona que realizase la contratación. Bingo. Este consiguió habitación y pudieron acceder a ella con un notario, descubriendo que incluso el amplio comedor se había reconvertido en una habitación para cuatro ocupantes, con sofá cama. Con precios a partir de 80 euros por uso individual según las dependencias, calcula que la mayoría de los días genera al falso anfitrión unos 500 euros y en junio está prácticamente completo a diario. Y eso que aún no es temporada estival.

Iñaki trabaja en el sector de la hostelería y había oído hablar de este fenómeno que ahora vive en sus carnes. Las irregularidades "son múltiples" porque en el contrato de arrendamiento hizo constar que no se podía explotar económicamente la vivienda, que no se podía subarrendar y que la actividad turística incluso estaba prohibida por los estatutos de la comunidad en dicho bloque.

La denuncia administrativa de Gorostiaga en el ayuntamiento sigue su curso, pero en paralelo su abogado Manuel Montañés ha iniciado la vía judicial ordinaria. Antes, lo ha intentado todo, empezando por una reunión con el titular del contrato de alquiler, donde se presentaron tres rusos (ninguno era el inquilino) y adujeron que el uso era familiar. “Incluso llegaron a decir que nos costaría un año sacarlos”, aunque sí abonan el alquiler, señala la víctima. Y así es, en base al incumplimiento de contrato, si antes no lo cierra el ayuntamiento.

El funcionamiento de vivienda-hostal parece fácil. El propio arrendatario, que en Airbnb se hace llamar Alex, envía “a veces a un chico o a una chica” que se presentan ante los turistas como hermanos del anfitrión. Realizan los checkins durante un horario determinado y luego los huéspedes se mueven a su aire, con llaves de su habitación y lavabos (excepto una suite) y cocina compartidos. Los alojados alaban este nuevo alojamiento con notas altas en el portal de reservas, por su interiorismo y “excelente ubicación”, aunque uno ya se queja del agobio de los vecinos al ser un piso sin licencia…

El supuesto anfitrión exhibe al menos otro piso en su perfil, lo que de por sí ya prueba que ni siquiera podría estar residiendo en ambos a la vez. En la escalera, los vecinos se quejan de que el baile de turistas –hay cuatro habitaciones- ha supuesto ya varias averías en el ascensor.

Algo que resulta inquietante para este vecino de Ciutat Vella, es que resulte imposible localizar su vivienda en los buscadores (si no se introduce el link), pero sí se produzcan las reservas desde fuera de España. “Tal vez hay muchos pisos que pasan desapercibidos y están anunciados en otros países”, con algún tipo de blindaje informático, apunta.

Crecen los casos de fraude con habitaciones

En teoría, Barcelona ha pasado en menos de un lustro de ser el paraíso de los pisos turísticos ilegales a un ejemplo de persecución contra la actividad y de eliminación de unos 4.000 casos sin licencia. En la práctica, la mayoría de los malos operadores no han hecho más que cambiar el nombre a su negocio, pasándose a explotarlo por habitaciones, como si de anfitriones domésticos se tratase, pese a que no residan en esas viviendas, que se gestionan casi como un hostal. La picaresca se basa en el vacío legal de los llamados 'hogares compartidos', pendientes de que el Govern los regule por fin, y ahora un coladero para el fraude. El propio ayuntamiento intuye esta trampa, como ha admitido en ocasiones, pero la alarma ha cundido en el sector turístico ante su proliferación y los casos que llegan a abogados especializados. La Asociación de Veïns i Anfrions de Barcelona estima que podrían ser incluso unas 7.000. 

Un reciente recuento municipal establecía en 9.933 las habitaciones de alquiler por día anunciadas en Barcelona a final del año pasado, la inmensa mayoría en Airbnb. Eran casi 4.000 más que en el 2016, y curiosamente su auge es paralelo al declive de los pisos turísticos que se anunciaban sin número de licencia, que ese año eran 5.825 y al acabar el 2018 eran supuestamente 272. Pero las cifras no pueden correlacionarse directamente porque también eran muchos los pisos que siendo legales (en la ciudad hay unos 9.500 con licencia) se anunciaban sin aportar el número y ahora han corregido esta incidencia.

Calle de Lluís el Piadós, donde se ha denunciado un nuevo caso de habitaciones turísticas ilegales. / JOAN CORTADELLAS

No hay manera de cuantificar con exactitud cuántas habitaciones turísticas cumplen con el espíritu de esa actividad de economía doméstica, que supone alojar en casa a uno o varios turistas mientras el residente vive. Este uso es el que se pretende regular con el decreto de Turismo que lleva muchos meses de demora. Por contra, lo que se ha disparado en los últimos meses no es más que la conversión de pisos en mini pensiones u hoteles disfrazados de hogares compartidos. La asociación de anfitriones, con unos 450 asociados a los que exige demostrar su empadronamiento en la vivienda compartida, estima que solo entre 2.000 o 2.300 funcionan realmente en Barcelona "con el anfitrión viviendo y conviviendo con el viajero". Sospechan de unos 7.000 fraudulentos, sin nadie residiendo bajo ese techo.

Inversores a la caza

No siempre se lleva a cabo la actividad en las fincas que ejercieron como pisos de alquiler por días sin regular. A veces los inversores prefieren estrenar ubicación, señalan algunos abogados especializados consultados, que están siendo testigo de ese cambio de operativa a pasos agigantados.

El proceso es sencillo, el operador compra o alquila una vivienda e inmediatamente instalan cerraduras en todas sus puertas, de modo que las pueden explotar individualmente. Para ser detectadas necesitan de denuncias previas, porque el programa araña del ayuntamiento y la Generalitat que rastrea los anuncios ilegales se centra en las viviendas completas sin licencia.

El Gremi d'Hotels de Barcelona lleva meses alertando de que la legalización inminente de habitaciones por días entraña el riesgo de abrir la puerta a la ilegalidad a destajo. Si ya es complejo cerrar un piso sin permiso, la investigación para cerrar uno explotado por estancias se complica porque encima hay que demostrar que allí no vive ningún residente permanente. Manel Casals, director de la patronal, reclama establecer alguna fórmula que permita ese control, como sería hacer que "cualquier alojamiento sea considerado un establecimiento de pública concurrencia". Ello permitiría a las autoridades el acceso y supervisión, mientras que ahora es necesaria una orden judicial o acumular un sinfín de pruebas.

El abogado Manuel Montañés alerta de que por la vía administrativa, con el proceso de alegaciones y demás pasos, suele llevar un mínimo de tres a cuatro meses antes de acabar con la actividad. Por vía judicial, un proceso de desahucio -si como en el caso que acompaña este artículo se ejerce la ilegalidad a espaldas del propietario y sin estar autorizada la actividad económica-, puede suponer más de 10 meses. Un infierno durante el cual el infractor gana dinero a espuertas.

Perversión de la actividad

Damaris Rojas, presidenta de la asociación de anfitriones, se ha sumado a las peticiones al Govern para que la regulación sea lo bastante clara como para acabar con el fraude que pervierte la esencia de los hogares compartidos y se supone un complemento a los ingresos familiares. Nunca como un negocio en sí mismo. "No queremos que sea un agujero para la ilegalidad y nos afecte negativamente", mantiene.

El abogado Marc Pertínez, que ha intervenido en numerosos casos de viviendas turísticas, apunta que el control de las habitaciones será complicadísimo, dado que hasta ahora muchas denuncias a pisos ya no prosperan por no poder acreditar la actividad más que con indicios. O porque incluso algunos han optado por el alojamiento temporal (más de 32 noches) pero son sancionados porque la actividad parece ser turística sin serlo.