La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, salió del último pleno municipal antes del verano, el 20 de julio, reprobada por la gestión de las cuentas municipales:reprobada por la gestión de las cuentas municipales: según la oposición, por los recortes de inversiones, y quizá incluso también de gasto corriente, que debería realizar enel 2018 y el 2019 a causa de la caída de ingresos municipales, recortes que el gobierno municipal siguió negando para el 2018 y que limitó a unos 26 millones de euros en el peor de los casos para el año próximo. Colau se ha encontrado tras el verano con una buena noticia: la renovación de la calificación de la deuda municipal por la agencia Fitch (A-, con perspectivas estables) basándose en la previsión de que el 2018 acabe con un crecimiento de los ingresos municipales de entre el 1% y el 2% y un incremento de gasto de entre el 2,5% y el 3%, datos que para el primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, “desmienten el catastrofismo que se hizo sobre las finanzas municipales, cuando se llegó a hablar de números rojos cuando nos confirman que somos unas de las ciudades de Europa con más solvencia  financiera”.

Aunque, eso sí, las previsiones de la gerencia municipal a fecha de 31 de julio, no hechas públicas aún en aquel pleno, prevén cerrar el 2018 con un gasto de 2.643,4 millones de euros, 94,5 más que en el año anterior, pero con unos ingresos inferiores en 46 millones a lo presupuestado para el 2018 (y unas inversiones municipales también inferiores en 27 millones), además de una disminución del gasto en el 2019 hasta los 2.616,9 millones de euros, 26,5 millones menos de la previsión actual de gasto para el 2018. “En un contexto de aumento de gasto e ingresos, no es posible hablar de recortes”, sostiene Pisarello, con la comparación con el ejercicio anterior sobre la mesa.

La evolución de la recaudación fiscal

El segundo informe semestral de Fitch, con fecha de 7 de septiembre, valora también que el margen operativo, la capacidad de ahorro sobre el gasto corriente que se puede dedicar a la inversión, seguirá entre el 15%-16% y el endeudamiento municipal seguirá “moderado”, sin alterar los 835 millones de euros (mientras el Gobierno Trias optó por utilizar el superávit para amortizar deuda, el de Colau ha dedicado esos recursos al gasto manteniendo el volumen de la deuda). Fitch destaca que la fortaleza financiera de Barcelona se debe a las aportaciones del Gobierno central (el 44% de sus ingresos) y su “alta recaudación por impuestos a la propiedad inmobiliaria” (el IBI, el de plusvalías y el de construcciones, instalaciones y obras).

Precisamente una hipótesis de caída drástica de estos impuestos elaborada en octubre del 2017 tras la inestabilidad política de aquel momento llevó a elaborar una relación de recortes de inversiones de hasta 107 millones de euros entre el 2018 y el 2019 en el peor de los escenarios, documento cuya difusión por el PSC condujo al pleno de la reprobación en julio. Este escenario no se cumplió, y las cifras de caída de los ingresos por el IBI planteadas por la oposición no se confirmaron; sin embargo, sí fue efectiva una caída de los ingresos en el impuesto de plusvalías, que llevó a lo largo del año a recortes preventivos del gasto que estuvieron también detrás, además de la falta de información concreta a los grupos municipales que aún no se ha reparado, de la alarma levantada por la oposición que llevó a aquella reprobación.

"Un  punto más optimistas"

Según el gerente de Presidència, Jordi Ayala, el descenso de la recaudación de las plusvalías, que se esperaba que pudiese llegar a los 20 millones, se ha visto compensado en parte por la recaudación del IBI, la lucha contra el fraude fiscal y operaciones como el ingreso de más de 4 millones de euros procedentes del Puerto. Por otra parte, en los meses de julio, agosto y septiembre (en que los objetivos de recaudación se han cumplido ya el día 10) han aumentado los ingresos por el impuesto de las plusvalías, lo que según Ayala permite ser “un punto más optimistas” y plantearse, de confirmarse esta tendencia, mejorar ligeramente las previsiones de cierre del año. Con todo, una evidencia: mientras el número de operaciones sujetas a este impuesto han crecido (“es evidente que no hay una caída del mercado inmobiliario”, apunta Ayala), su importe es inferior, ante la falta de grandes operaciones corporativas de compra venta inmobiliaria, consecuencia más que probable de la situación política. Una operación como la de la venta de la sede de Planeta ha ayudado a aumentar la recaudación este verano, por lo que aún es pronto para confirmar la tendencia. Y ni aún una evolución positiva podrá evitar que, como denunció la oposición, el ingreso por plusvalías acabe cayendo cuando los presupuestos preveían un notable crecimiento respecto al año anterior.

Pero más allá de los desajustes entre previsiones de ingresos y recaudación real, el caballo de batalla han sido la realización o no de las inversiones previstas. “Las expectativas son acercarnos mucho al presupuesto”, sostiene Ayala. Con posibles incumplimientos, sostiene, solo por problemas de ejecución, no por recorte de gasto.

Si miramos hacia el 2019, más allá de que la volatilidad política hace muy difícil cualquier previsión fiable, aparece un escollo real: en las previsiones iniciales para la elaboración de los presupuestos la reducción del gasto total prevista debe hacerse compatible con un incremento de los gastos de personal de 30 millones de euros por la firma del nuevo convenio, lo que lleva a plantear un recorte de gastos en bienes y servicios (25 millones) y en inversiones (4 millones si se incluyen el Institut d’Habitatge y BSM) sobre el 2018, aunque aún con cifras superiores a las del 2016. “Lo que preveíamos hacer en el 2019 se hará, si se hará lo que desearíamos dependerá de las contingencias”, apunta el teniente de alcalde. Un ejemplo: la biblioteca de Sarrià, uno de los equipamientos ‘condenados’ en aquel documento del 2017 y cuyas obras Pisarello prometió que empezarían en enero del 2019. La  previsión ahora es empezar en marzo. En este caso, como en tantos otros, saber si se trata de incidentes en la tramitación o de ajuste de calendarios para cuadrar cuentas resulta más  que difícil de aclarar.