El Ayuntamiento de Barcelona juzga "muy profesional" la ocupación de la finca situada en el número 1 de la calle de Sant Ramon, descubierta por el consistorio este miércoles durante el 'narcotour' organizado para la prensa por algunas asociaciones vecinales para denunciar la situación del barrio. "El edificio tenía alarma y un vigilante de seguridad lo visitaba cada dos días. El lunes estuvo allí y todo estaba en orden, por eso podemos afirmar que la ocupación como muy pronto se produjo el martes", asegura la concejala de Ciutat Vella, Gala Pin, quien también ha apuntado que, tras la ocupación y posterior desocupación el jueves, han aumentado la frecuencia del paso de los vigilantes tanto por este edificio como por el resto de propiedades municipales vacías en el barrio.
Fuentes cercanas a la investigación policial aseguran que las personas que entraron en la finca eran conscientes de que estaban cometiendo una ocupación, y que la versión dada a los medios de comunicación de que fueron víctimas de una estafa no ha sido posteriormente acreditada.
El edificio, en cuyos bajos se encuentra el bicentenario bar Marsella, fue adquirido por el municipio en el 2013, en época Xavier Trias, por 1,1 millones, haciendo uso del derecho de tanteo y retracto con el objetivo de proteger el histórico establecimiento. En aquel momento la finca se encontraba deshabitada y la desaparición de comercios emblemáticos en el centro de la ciudad marcaba la agenda. Se inició toda la burocracia, se hicieron las obras -que finalizaron hace nueve meses- y se adjudicaron las viviendas, siguiendo los criterios del anterior mandato, criterios que este consistorio ha anunciado que cambiará "para asegurar una mixtura vecinal y evitar la expulsión de vecinos y su sustitución por otros con rentas más altas", dentro de sus medidas antigentrificación.
Pin insiste en que el responsable de que la finca del 1 de Sant Ramon aún no esté habitada es la compañía eléctrica que no da de alta el suministro pese a su insistencia y que la previsión es que el problema quede resuelto antes del verano.
El problema de Sant Ramon, claro; el de la vivienda y la droga en Raval es bastante más complejobastante más complejo. "Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos, teniendo en cuenta que ni el tráfico de droga, ni las leyes de vivienda que favorecen la especulación, son competencia municipal", prosigue la edila, quien añade que "si el resto de administraciones hubiera invertido lo mismo que nosotros en intentar resolver este asunto, no estaríamos cómo estamos. Es necesaria una intervención extraordinaria de los Mossos". El consistorio esgrime las cifras de su informe sobre las actuaciones que han llevado a cabo para paliar la problemática: invertir 1,1 millones en 10.000 horas extras de la Guardia Urbana desde julio hasta enero y 800.000 euros más en el traslado de la sala de venopunción Baluard.
Segundo en el ránking de desahucios
"Nosotros podemos actuar solo al final de la cadena. La droga no crece en la Raval. Pedimos a los Mossos que prioricen en la investigación de por dónde llega esa droga y al Estado una legislación que impida la especulación. No es casualidad que el Raval sea el segundo barrio con más desahucios y el lugar con más vivienda vacía dedicada a delinquir", concluye.
En cuanto al evidente repunte sobre la venta y el consumo de droga en el barrio, fuentes municipales insisten en que la recogida de jeringas en la zona del Raval "van tendencia a la baja desde junio" -momento punta- y recuerdan que, mientras en el 2004 recogían 156.000 agujas en toda la ciudad, y en el 2017, 30.000.