Una de las novedades que el gobierno de Ada Colau introdujo con el objetivo de combatir la desigualdad en las partes de Barcelona en las que resulta más intensa fue el plan de barrios, un conjunto de actuaciones con un presupuesto total durante el mandato de 150 millones de euros. No es una cantidad que pueda coser todos los agujeros que el presunto Estado del bienestar exhibe en varios barrios de la ciudad –en su día la oposición criticó la cantidad por considerarla insuficiente-, y en el consistorio tienen una idea de cómo incrementarla: mirando hacia el edificio que tiene delante, en la plaza de Sant Jaume.

El ayuntamiento confía en que el nuevo Gobierno de la Generalitat, cuya constitución debe producirse a mediados de febrero, se plantee resucitar la ley de barrios que acuñó el tripartito cuando lo presidía Pasqual Maragall. La última convocatoria con partidas económicas designadas en función de esa norma se produjo en el 2010. La concejala de Ciutat Vella, Gala Pin, así lo solicitado al abordar en detalle la inversión municipal prevista en el 2018 en función del plan de barrios: “Esperemos que con el nuevo Govern se reactive aquella ley”.

Inversiones y gasto corriente

Pin y el gerente del consistorio, Jordi Martí, encargados de presentar las actuaciones del plan de barrios para el 2018, subrayan que las actuaciones no pueden consistir solo en “piedra”, en las inversiones para mejorar y construir inmuebles o equipamientos. También hay gasto corriente, o social, en actividades destinadas a reforzar el tejido de los barrios, partiendo, destaca Martí, “de abajo a arriba”, es decir, debatiendo con los vecinos las medidas que hay que tomar.

El plan de barrios consta de 10 conjuntos de actuaciones que se concentran en el eje Besòs, Ciutat Vella, Sants-Montjuïc y los llamados barrios de montaña. En total, 16 barrios deben beneficiarse de la medida. En palabras de Martí, se trata de emprender “actuaciones intensivas” en zonas determinadas, “la mejor manera de luchar contra la desigualdad”. Los 150 millones no se reparten a partes iguales por años. En el 2016, se empezó a definir los 10 planes: para ello se destinó algo más de un millón de euros. En el 2017 el coste se elevó a 20,3 millones: 10 proyectos fueron ultimados y empezaron a aplicarse.

En 2018 se producirá, siempre según el gerente, "un gran salto: la ejecución llegará a su máxima intensidad". Para ello, el año próximo se destinarán 50,9 millones al plan. Servirán para acometer 354 actuaciones. De la cantidad total, 36 millones son para inversiones y 14,9 para gasto corriente. En el 2019 el plan de barrios llegará a su partida máxima: 68,5 millones y para el 2020 se prevén alguna actuaciones que habrá que alargar por cuestiones de planificación técnica y que supondrán 9,1 millones de euros.

Recursos que arrastran recursos

Pin y Martí subrayan que los 150 millones del plan de barrios serán en realidad más, porque hay actuaciones que solo se pueden sufragar parcialmente con el presupuesto estricto de la medida. Casos en los que habrá que aportar más recursos de las arcas municipales.

Un ejemplo es la recuperación del Borsí, en el barrio Gòtic: para el 2018 hay una partida prevista en el plan de barrios de 80.000 euros, de un total de cuatro millones que se destinarán al objetivo final: rehabilitar el Borsí e instalar un equipamiento de gestión vecinal y la biblioteca pública Andreu Nin. Pin, concejala del distrito, afirma que el coste de la operación superará considerablemente esos cuatro millones. El plan de barrios habrá servido para estimular la actuación, aunque no pueda cubrir enteramente la inversión necesaria.

Entre otras medidas no relacionadas con la “piedra”, o combinadas con esta, que el consistorio subraya dentro del plan está el programa de rehabilitación de fincas de alta complejidad. Edificios que pudiendo acogerse a ayudas a la rehabilitación (ahora habilitadas también para el interior de la vivienda) no lo hacen, por el motivo que sea. Se trata de fincas en las que no hay comunidad, o existe pero no es capaz de alcanzar un acuerdo, o tiene un propietario enfrentado a sus inquilinos.

Edificios y proyectos educativos

Mediante un estudio de la UPC, se ha cifrado en 200 este tipo de fincas. El objetivo es asumir un acompañamiento de esas comunidades, con un presupuesto para el 2018 de 8,2 millones. Otro ejemplo es el "refuerzo de la identidad de barrio y orgullo de vivir en la Marina", con 30.000 euros de partida, que combina el proyecto de dignificar el espacio público con el refuerzo de actuaciones con las entidades del barrio como Som La Marina, de formación cultural comunitaria. Y otro ejemplo es el nuevo instituto escuela de Trinitat Nova: se invertirá dinero en remodelar tres edificios para que estén comunicados pero también en un nuevo proyecto educativo que quiere reunir a la primaria y la secundaria y acabar con el éxodo de alumnos que siendo de la zona van al colegio a otros barrios.