En la jungla inmobiliaria en la que se ha convertido Barcelona, que muestra su cara más cruel en Ciutat Vella, hay una ley no escrita: [los edificios] o los compras o te los compran. Te los compran, en general, inversores con un objetivo claro: obtener el máximo beneficio (obvio). Un beneficio que pasa casi obligatoriamente por expulsar a los actuales vecinos (mayoritariamente pobres) -este distrito barcelonés ha perdido 106 habitantes cada mes en la última década- y sustituirlos por nuevos residentes con un poder adquisitivo mayor. El ABC de la gentrificación. gentrificación. Para evitar que la mancha gentrificadora se siga extendiendo sin freno por el barrio (es decir, que les compren), el ayuntamiento ha decidido dar un paso al frente y comprar los números 7, 9 y 11 de la calle de Lancaster, enclave con una gran presión inmobiliaria (y turística, a un paso de la Rambla). Fincas cuyos inquilinos llevaban meses en pie de guerra, alertando del peligro que corrían (ellos y el barrio).
Con esta operación el consistorio adquiere 41 viviendas que pasarán a formar parte del (deficiente) parque de vivienda pública de la ciudad, y se alquilarán, aseguran, "a precios asequibles, en función de los ingresos". "En otoño haremos un estudio familia por familia, y todas las que cumplan con los requisitos para poder acceder a una vivienda pública podrán quedarse en sus casas", señala la concejala del distrito, Gala Pin. Requisitos que muy probablemente cumplan todos los vecinos de estos edificios, cuyo estado de abandono es más que evidente. "Son un claro ejemplo de algo que se está evidenciando mucho sobre todo en el Raval. Fincas muy viejas, algunas semiruinosas, cuyos propietarios llevaban años sin invertir en ellas, a sabiendas de que sus inquilinos eran personas vulnerablessus inquilinos eran personas vulnerables que en muchos casos no conocían sus derechos; y que ahora ven la oportunidad de venderlas y hacer negocio", analiza Pin.
El ayuntamiento ha pagado por las tres degradadas fincas por algo más de cinco millones y medio de euros.
VICTORIA VECINAL
Los vecinos de la calle de Lancaster alertaron de su situación hace meses, tras la compra del número 13 por parte de un fondo inversor, que ha sido denunciado por su último vecino por acoso inmobiliario. Las cuatro fincas llevaban meses recibiendo visitas de posibles compradores y la propiedad de los cuatro era la misma sociedad, con lo que el destino del 7, el 9 y el 11 parecía escrito. Escrito siguiendo el camino abierto por el 13, cuyos vecinos recibieron distintas cantidades de dinero para abandonar sus viviendas, en algunos casos de toda la vida.
Presentación de la querella del último vecino de Lancaster, 13 / joan puig
Los inquilinos de Lancaster 7, 9 y 11, además, tienen contratos fraudulentos, de estudio, mientras tendrían que ser de vivienda, lo que ponía en serio peligro su continuidad en las viviendas en caso de venta a un privado, que podría rescindirlos.
Las negociaciones con la propiedad se iniciaron hace meses, asegura Pin, y "se reforzaron con la aprobación de una proposición a la Comisión de Derechos Sociales presentada por el grupo municipal de ERC que instaba a la compra de edificios". La proposición incluía la compra del número 13 , "que no ha sido posible", según el consistorio.
DECISIÓN EXCEPCIONAL
Como en anteriores adquisiciones de fincas enteras que está llevando a cabo el ayuntamiento -la más mediática fue la de la calle de Leiva- el municipio destaca que se trata de "decisiones excepcionales". En este caso la propiedad tenía abiertos procesos coercitivos y sancionadores por la situación de abandono de los edificios.
Lancaster, 22, 24, edificio afectado por el plan especial urbanístico / ÁLVARO MONGE
Los edificios cuya compra se ha hecho pública este lunes, además, se encuentran en una zona donde hace más de 13 años que está pendiente la ejecución de un plan especial urbanístico. Un plan que afecta de forma más agresiva a los números 22,24, cuyos vecinos también están organizados. En este caso, se trata de un edificio okupado por familias vulnerables con niños pequeños, que el ayuntamiento tiene que derribar si quiere ejecutar el plan pendiente. "Nos hemos comprometido a no hacerlo hasta que todos los inquilinos sean realojados", concluye Pin.
Desde el tejido asociativo del Raval valoran esta "pequeño triunfo", así como el de hace unos días, con el anuncio municipal de la negación de la licencia al hotel de Drassanes o la compra por parte del municipio de Can 60 o el Espacio del Inmigrante, pero señalan que "es necesario seguir organizándonos cada día, porque en el barrio los desahucios siguen cada día, igual que el tráfico de droga en pisos okupados propiedad de bancos".