El centro de internamiento para extranjeros (CIE) de la Zona Franca no solo no ha cerrado sus puertas, como se propuso lograr el Ayuntamiento de Barcelona, sino que funciona a pleno rendimiento. Sigue suscitando las protestas de las entidades sociales por la vulneración de derechos que se resume en una frase: las cárceles ofrecen más garantías. En un informe presentado este jueves, la Fundación Migra Studium ha denunciado la vulneración de los derechos de quienes ingresan en el centro. Una de las más llamativas es la presencia de menores de edad en el CIE, algo que la ley prohíbe. Según la fundación, por lo menos dos menores han sido dejados en libertad en los últimos meses. Hasta 83 internos han asegurado no llegar a los 18 años.

Tras un periodo clausurado por reformas (esencialmente, la colocación de váteres en las celdas), el centro reabrió sus puertas en julio del 2016, pero aunque entonces ya empezaron a llegar internos, fue a partir de mediados de septiembre cuando recibió “ingresos masivos” que hicieron que en octubre ya se diera una ocupación total, con 200 personas internadas, una cifra que se mantuvo constante hasta finales de diciembre. En total, en estos meses del 2016, fueron internadas en el CIE de Barcelona 640 personas (todos hombres; no hay módulo para mujeres), un número elevado si se compara con las que llegaron a la Zona Franca durante todo el 2015: 738.

Son datos que aporta Migra Studium, que cuenta con un equipo de voluntarios que visita a los internos del CIE. Entre septiembre y diciembre, la entidad recibió 313 solicitudes por parte de internos y atendió a 146. En total, 414 visitas en cuatro meses: más de 25 por semana. En todo el 2015 hubo 232 peticiones de visita de las que fueron atendidas 172. En muchos casos, las personas ya no estaban en el centro cuando se intentó contactar con ellas: el periodo máximo de internamiento que fija la legislación es de 60 días, tras los que se expulsa al interno o se le deja en libertad.

PRUEBAS DE EDAD

El informe ha sido presentado por Margarita García, responsable del grupo de visitas al CIE de Migra Studium y el abogado y colaborador de la fundación José Javier Ordóñez. Ambos han subrayado que está elaborado a partir de los internos visitados, no de todos.

“En en el CIE hay una presencia de jóvenes muy alta, y se ha detectado la presencia de menores”, ha explicado García. Ha pasado antes, dice, pero no con estas cifras. Hasta 83 internos del centro de la Zona Franca, entre los visitados por Migra Studium, han afirmado ser menores de edad. De ellos, 23 fueron atendidos por la entidad y varios pasaron la prueba de edad que se hace en estos casos. “Solo les hicieron la de la muñeca, y tiene un margen de error de 18 meses”, ha precisado García. También se contemplan pruebas en función de la mandíbula, la clavícula y el fémur.

García ha precisado que en el caso de dos de los internos aludidos se consideró constatado que no tenían 18 años, y fueron puestos bajo la tutela de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA). Según ella, es común que muchos menores oculten su condición, porque ingresar como adultos en un CIE les da la posibilidad, si su expulsión no se consuma, de seguir viaje hasta Francia o Alemania. Porque es habitual que ese sea el objetivo que se plantearon cuando abandonaron su país, pensando en España solo como lugar de paso.

INTERNOS CON ANTECEDENTES: EL 75%

Otra de las conclusiones del informe es que el 75% de los internos visitados no tienen antecedentes penales. En los CIE se interna a la gente por una falta, no por un delito, al margen de que algunos tengan antecedentes. El Ministerio del Interior afirma desde hace años que ese problema, la convivencia de personas con antecedentes con otras que no los tienen, era residual. Que casi en su integridad, los internos sin antecedentes se libraban del CIE.

Ordóñez ha subrayado que la indefensión de los internos sigue siendo la misma que antes de que se redactara un reglamento, algo que sucede especialmente en el caso de los que no hablan castellano: de las personas visitadas por Migra Studium, un 54% son argelinos y el 13,7%, marroquís. A continuación, en porcentaje, viene el 19,18% de quienes se desconoce el origen y luego el 2,05% que constituyen los tres apátridas que han estado en el CIE en algún momento del 2016.

Entre los derechos vulnerados, ha citado el derecho a la integridad física, la salud, la información y las comunicaciones.El abogado ha destacado que la falta de un servicio permanente de traducción es determinante para que algunos internos no tengan ni idea de por qué están allí y ha considerado que no se respeta el derecho a una tutela jurídica efectiva. Por ejemplo: un abogado de oficio que asista en Andalucía a una persona que acabe trasladada al CIE de la Zona Franca, ha dicho, no puede llamar al que fue su cliente.