La plataforma de afectados por la 'superilla' del Poblenou pasa a la próxima pantalla en su pugna con el gobierno de Ada Colau. Los indignados con el proyecto han anunciado este miércoles que si el ayuntamiento mantiene su negativa a dialogar, a dar marcha atrás al plan, en un plazo de entre seis y ocho meses presentarán una demanda judicial. También preparan una consulta vecinal cuyos resultados se esperan para mediados de mayo. Lo que sea, dicen, para que esto "deje de ser un desierto". Mientras se quejan, en la zona sigue el goteo de novedades. Este miércoles: unos bancos asidos al asfalto en Sancho de Ávila con Roc Boronat.
Jordi Campins, portavoz del colectivo, ha recordado que ellos no se oponen a la filosofía de las supermanzanas. Pero sí están muy en contra de cómo se ha desplegado el invento en estas nueve isletas de Sant Martí, las que quedan en el interior del perímetro que marcan las calles de Badajoz, Llacuna, Tànger y Pallars. Dentro de un plazo de 30 días, está previsto que presenten una reclamación previa judicial al consistorio que básicamente pedirá una reunión formal para abordar (y corregir) la cuestión. Si en seis meses no hay respuesta, y a través del bufete Vosseler Abogados, la plataforma acudirá a un tribunal contencioso-administrativo, que es el que se encarga de despachar los asuntos de carácter público. "Este es un tema social y vecinal y sería un desastre que se tuviera que resolver ante un juez", ha señalado el letrado Daniel Vosseler.
Sant Martí: dos consultas ciudadanas a la vista
La consulta sobre la supermanzana no es la única que se avecina en el distrito de Sant Martí. Los vecinos de la Vila Olímpica también preparan una sobre el albergue previsto en el paseo de la Nova Icària, con capacidad para 440 personas en microhabitaciones. El pleno municipal del pasado marzo rechazó amparar el referendum porque por ahora no se ha encontrado el recoveco legal que permita frenar el proyecto. En resumen: cualquier intento de tumbarlo requiere prevaricar, algo a lo que el gobierno no está dispuesto. O eso, o pagar los más de 15 millones de euros que costaría arrebatarle el edificio al promotor. Mientras todo esto sucede, ironías del destino, el ayuntamiento ha aprobado este miércoles el nuevo reglamento de participación ciudadana, que tiene entre sus metas dotar de mayor voz al pueblo.
PERÍMETRO AMPLIADO
La vía legal es una de las muletas de presión sobre Colau. La otra es la consulta ciudadana. Sobre ella, Campins ha asegurado que podrán votar los vecinos que queden dentro del límite marcado por las calles Bilbao, Àlaba, Pallars y Bolivia. Se ha ampliado el foco más allá de lo que estrictamente queda dentro de la 'zona cero', ha detallado, porque se considera que es el "área afectada" por la supermanzana, ya sea por el tráfico o el descenso de ventas del comercio.
Podrán participar los mayores de 18 años y la pregunta, "directa y sencilla", será la siguiente: "¿Está de acuerdo con el actual proyecto de supermanzana?". El portavoz de los indignados ha asegurado que cuentan con el apoyo de los grupos municipales del PDECat, ERC y Ciutadans, que además de validar la convocatoria, apuestan por aceptar el resultado de la misma. Están pendientes del PP, aunque dan por hecho su plácet, y la CUP les ha dicho que quiere más detalles antes de posicionarse. Al PSC, que forma parte del gobierno municipal, no le han preguntado. La consulta tendrá una urna para vecinos y otra para comerciantes y ciudadanos que trabajen pero no residan en la zona.
CARLOS MÁRQUEZ DANIEL
Operarios municipales colocan bancos en la calzada de Roc Boronat y Sancho de Ávila.
La plataforma ha encargado un estudio técnico sobre la supermanzana. Según este estudio, que lleva la firma de Francesc Xavier Ventura Teixidor, el que fuera director de Arquitectura y Vivienda en tiempos de Pujol, el proyecto "es contrario a la legislación vigente, tanto en materia urbanística como de movilidad". "No se percibe -concreta el documento- un respeto institucional por los procedimientos establecidos para la formulación y tramitación de los cambios en el ordenamiento vigente".
DERECHOS VULNERADOS
El informe, según el resumen que la plataforma ha facilitado a la prensa, pone de relieve la "alegalidad" del proyecto, sustentado en conceptos "no ajustados al derecho ni a la práctica profesional", como "nuevo urbanismo o urbanismo táctico". De ahí que concluya que la supermanzana destila "lagunas importantes sobre la capacidad reguladora y la confianza en las instituciones". "En urbanismo, cambios que afectan a derechos consolidados crean obligaciones complementarias", subraya el texto, base técnica sobre la que se sustentaría cualquier hipotética demanda.
Ante todo este panorama, Vosseler ha sido contundente en su diagnóstico: "Ahora ya sabemos cómo se arruina un barrio". Xavier Peguero, abogado experto en derecho urbanístico, del mismo bufete, ha añadido el pecado de la arbitrariedad en toda la planificación. "Desde el punto de vista legal, los pictogramas y señales que han pintado en la supermanzana no existen en el código de circulación. El proyecto es legítimo, pero no cómo se ha planteado".