Los vehículos más contaminantes ya tienen fecha de caducidad en las carreteras del entorno metropolitano: enero del 2019. Será en ese momento cuando entrará en vigor el veto a la circulación de los turismos de más de 20 años y las furgonetas de al menos 23 años en Barcelona y la cuarentena de municipios de su entorno de lunes a viernes, con independencia del estado del aire. La restricción se aplicará en episodios de elevada polución a partir del 1 de diciembre de este mismo año.

Un calendario definitivo y unas medidas concretas que se han acordado durante las celebración de la cumbre para la mejora de la calidad del aire en la conurbación de Barcelona, en la que han participado el 'conseller' de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, la teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo y Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona, Janet Sanz, el vicepresidente de Movilidad y Transporte del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), Antoni Poveda, y Valentí Junyent en representación de la Diputación barcelonesa. También han asistido los 'consellers' de Salut, Antoni Comín, e Interior, Jordi Jané.

La finalidad de la nueva estrategia medioambiental es la de reducir un 30% las emisiones vinculadas al tráfico en el plazo de 15 años. Antes de ese horizonte, en el próximo lustro, las cuatro autoridades competentes en la cumbre se han comprometido a rebajar un 10% las emisiones contaminantes de vehículos para alcanzar gradualmente los niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud.

MOTOS

La medida afectará de forma estructural a vehículos anteriores a la categoría Euro 1, es decir furgonetas matriculadas antes del 1 de octubre de 1994 y turismos que circulan desde antes del 1 de enero de 1997. Para entender el calado de la medida, la Generalitat cifra en 106.018 los coches afectados, que suponen un 7% del parque móvil, y en 22.049 furgonetas, es decir, un 16% de este tipo de vehículos. A partir del 2020 se dará otro paso en la lucha contra la contaminación y se vetará la circulaculaciónr por las rondas y el espacio de la ciudad que rodean a los vehículos más contaminantes, que no disponen de la etiqueta de la Dirección General de Tráfico (DGT). 

La restricción prevista para el 2019 se aplicará este año para la misma tipología de vehículos pero solo en episodios de alta contaminación declarados por la Generalitat: al superar en dos o más estaciones atmosféricas los 200 microgramos por metro cúbico, en el caso de de NO2, y de 80 microgramos para partículas PM-10, cotas bastante infrecuentes. En estos casos, los coches sin etiqueta de la DGT tendrán vetado el paso por las rondas y la superficie que bordean. Una situación para la que el 'conseller' Rull ya ha avanzado la voluntad de reforzar la oferta de transporte público, sin aportar más datos.

Tampoco ha podido precisar cómo quedarán afectadas las motos. No hasta que la DGT detalle sus planes de etiquetado y distribución de distintivos sobre el impacto atmosférico de estos vehículos. 

FLEXIBILIZACIÓN

El acuerdo se aplicará en el área conocida como Àmbit-40, la formada por los 40 municipios declarados zona de protección especial del ambiente atmosférico, en la que se integran ciudades como Barcelona, Badalona, Cornellà, Sabadell y Terrassa. Además, se suman al acuerdo una treintena de localidades que no alcanzan esa consideración por su ubicación o por no acoger un elevado flujo de tránsito, pero que se comprometen a "la difusión y sensilbización" entre la ciudadanía. 

Rull también ha avanzado la intención de pactar con las empresas públicas "flexibilizar los horarios de entrada y salida" de los funcionarios para repartir el impacto de ususarios de trenes, metro, bus y tranvía en las horas punta. La Generalitat espera poder ampliar la iniciativa a empresa privadas de grandes dimensiones.    

Los acuerdos están a medio camino de la voluntad del AMB y el consistorio barcelonés. El ente suprametropolitano propuso adelantar del 2020 al 2018 el grueso de las medidas de restricción del tráfico de los vehículos más contaminantes. Tres meses antes, el ayuntamiento se decantaba por aplicar el veto a partir del 2020, mientras que en este 2017 se determinaría qué parte del parque rodado era la afectada. En aquel momento, Sanz avanzó que el consistorio trabajaba con la idea de que el veto se aplicara a automóviles que no dispongan de la etiqueta de la DGT: un extremo que afecta a más de 900.000 vehículos de los 2,4 millones censados en toda la provincia de Barcelona.