El gobierno de Ada Colau ya está dispuesto a que el ayuntamiento ponga en marcha una comisión de investigación sobre las presuntas irregularidades en la gestión de la empresa municipal Barcelona Regional (BR) durante el anterior mandato, cuando la presidía el teniente de alcalde Antoni Vives, mano derecha del entonces alcalde Xavier Trias.
Los tenientes de alcalde Janet Sanz y Jaume Asens han comparecido este martes junto con el gerente de Recursos, Joan Llinares, después de la reunión de la comisión de seguimiento del consistorio sobre Barcelona Regional, y han repasado los datos que arrojan los diferentes informes sobre la actividad de la empresa. Entre ellos, destaca la presunta contratación irregular de dos personas que no desempeñaron trabajo alguno pese a recibir salario. Hechos que llevaron a la Fiscalía de Barcelona a presentar una querella contra Vives, contra el entonces director de BR, Guillermo Müller, y contra los dos 'empleados': el que fuera vocalista de Los Sirex, Antoni Miquel Cerveró, también exconcejal de CiU, y el
CiU subraya que Vives podrá negarse a comparecer
El portavoz de CiU, Joaquim Forn, se ha mostrado en contra de la posibilidad de que el consistorio abra una comisión de investigación sobre las presuntas irregularidades de Barcelona Regional, asuntos, ha dicho, que “ya han sido investigados y aclarados”. Forn ha vaticinado también que las presuntas contrataciones irregulares de Antoni Miquel y Jesús Arévalo “se podrán aclarar”. El concejal también ha advertido de que el exteniente de alcalde convergente Antoni Vives no tendrá que comparecer ante la comisión si no lo desea, porque no es obligatorio: “Hará lo que su abogado le recomiende”.
exalcalde de Cervelló Jesús Arévalo.
SUBVENCIÓN NO JUSTIFICADA
Sanz, Asens y Llinares han subrayado otro punto relevante de las presuntas irregularidades, si bien no vinculado con responsabilidades penales. Se trata de una subvención concedida por el consistorio a BR por valor de 1,3 millones de euros. De esa cantidad, ha precisado Llinares, el ayuntamiento no considera justificado el gasto de 589.000 euros, por lo que se requerirá a la empresa que los devuelva. Se trata de recursos que se destinaron a actividades de promoción en el extranjero.
La comisión de investigación requiere aprobación en pleno municipal, y en principio no será posible que esa cuestión sea votada en el pleno del viernes próximo, con lo que se decidiría en el de finales de marzo. Ciutadans reclama desde hace tiempo que se ponga en funcionamiento esa comisión. Hasta ahora, el gobierno municipal consideraba que no había elementos que lo justificaran, y se conformaba con la comisión de seguimiento.
OPOSICIÓN
La oposición ha reaccionado a favor de la comisión de investigación, con la única y predecible excepción de CiU. Así, la jefa de filas de Ciutadans, Carina Mejías, ha recordado que ya reclamó esa posibilidad: “Ciutadans tenía razón. Se pone en evidencia que había que investigar. Hemos perdido un tiempo precioso”. El portavoz de ERC, Jordi Coronas, ha llamado a “llegar hasta el final” y a ser “implacables e impecables” contra la corrupción.
Javier Mulleras (PP) ha reclamado ampliar el análisis de BR hasta 10 años e incluya a otras empresas municipales. María José Lecha (CUP) ha pedido que el consistorio se persone como acusación ante las irregularidades que investiga la fiscalía.