Barcelona iniciará este viernes en el pleno municipal un camino, que puede ser largo y complejo, hacia la gestión pública del agua, o la municipalización, las dos formas en las que se refieren al asunto grupos del consistorio. Hay dos proposiciones previstas en este sentido. Una de Barcelona en Comú y otra de la CUP. Se intentó agruparlas, pero no hubo acuerdo.
El baile de alianzas indica que la primera se aprobará seguro y la de los anticapitalistas, en función de la posición de los socialistas. La diferencia es de concreción: la de BC habla de “abrir una línea de trabajo en el marco del ayuntamiento hacia la gestión pública directa e integral del ciclo del agua”, y la de la CUP aboga, directamente, por “la remunicipalización del servicio de suministro domiciliario del agua”.
EL PSC, ENTRE DOS AGUAS
Los anticapitalistas ven moderada la proposición de BC y lo achacan a la posición del PSC, que en este tema ha estado tradicionalmente más
ERC pide modificar también la gestión de los residuos
En el pleno del Ayuntamiento de Barcelona también se abordará una propuesta del grupo de ERC de municipalizar el servicio de gestión de los residuos, días después de que se conociera un presunto fraude de la actual concesionaria, FCC, por valor de 800.000 euros. El concejal Jordi Coronas cree que la cantidad denunciada es muy pequeña si se tiene en cuenta que Badalona reclama a la misma empresa 12,9 millones de euros que considera que esta le facturó irregularmente entre el 2010 y el 2015. Los republicanos reclaman un informe sobre los efectos de una hipotética municipalización así como una auditoría de la labor de FCC en los últimos años. La CUP está a favor de la propuesta. Xavier Monge, asesor del grupo anticapitalista, afirma que la de los residuos es la municipalización que más ahorro supone, de cerca de un 30%, y recalca que en este caso la concesión concluye en el 2019, lo que permite afrontar un cambio a la gestión pública con un horizonte claro y cercano. Barcelona en Comú considera que vincular la propuesta con el fraude es precipitado.
cerca de CiU de lo que está del grupo de Ada Colau.
Con que una de las dos proposiciones prospere –y pese a que no son vinculantes-, lo que será innegable es que el pleno habrá visibilizado que una mayoría está a favor de acabar con el modelo privado y público-privado, este último, el actual en el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), para pasar a uno público 100%, del que hay precedentes en ciudades del calibre de París y Berlín.
La apuesta por la gestión pública presenta un atractivo para el consumidor: una rebaja en la tarifas. El concejal de Presidencia, Agua y Energía, Eloi Badia, subraya que en París el cambio supuso una reducción del 8% para el cliente. “Según cálculos de la AMB, el ahorro que supondría una gestión pública del agua de ámbito metropolitano sería, por lo menos, de unos 38,7 millones de euros sobre un coste de 385 millones anuales. 29 millones que se dedican a dividendos y 9,7 millones que se cobran por conocimiento [de la empresa que gestiona]”, afirma Badia. De esa cantidad partiría el ahorro en las facturas, que el concejal cifra en unos 25 euros por abonado y año.
PENDIENTES DEL SUPREMO
De fondo está el escenario judicial. Después de que Agbar gestionara el servicio en el área metropolitana durante más de un siglo sin mediar concurso público, la AMB creó en el 2012, con Xavier Trias como alcalde, y gracias a un acuerdo entre CiU y el PSC, una sociedad público-privada: un 75% correspondió a Agbar, un 10% a Criteria (La Caixa) y el 15% restante a la propia AMB. Lo hizo, también, sin abrir concurso, lo que dio pie a recursos de Acciona, Aqualia y Aguas de Valencia. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya anuló la sociedad con una sentencia que contó con un voto particular contrario del presidente del tribunal y que fue recurrida, a su vez, por Agbar.
La decisión definitiva corresponde al Tribunal Supremo, y se espera, aproximadamente, para el 2018. Si el Supremo confirma la sentencia sería más sencillo remunicipalizar. En el caso de que el alto tribunal atienda el recurso y dé la razón a Agbar, la indemnización necesaria sería elevada.
ÁREA METROPOLITANA Y BARCELONA
Caminar hacia una gestión pública del agua tiene sentido en el ámbito metropolitano, subrayan los grupos. Pero Badia afirma que si eso no es posible, Barcelona apostará por ese nuevo modelo en la ciudad. CiU y el PP sostienen que eso requeriría un cambio legal.
En la actualidad, solo dos localidades de la AMB cuentan con una gestión pública del agua: Barberà del Vallès y El Prat de Llobregat.
LA OPOSICIÓN
En cuanto a las votaciones, las cartas están considerablemente boca arriba. El PSC apoyará el texto de BC (los dos socios negocian este tema hace tiempo) y está por confirmarse qué hará con la de la CUP. CiU se abstendrá o votará en contra de las proposiciones. La concejala de CiU Francina Vila considera que BC da por hecho en su iniciativa la gestión pública como único modelo posible. “Necesitamos estudios sobre las diferentes vías para conocer cuál es la más adecuada”. Ciutadans tiene previsto abstenerse en la de BC y votar en contra de la CUP.
ERC, partidaria de la remunicipalización, dará su apoyo a las dos. El concejal republicano Jordi Coronas pone como ejemplo el caso de Berlín, donde hubo una consulta ciudadana al respecto, en la que ganó la municipalización. “Tiene que ser un tema metropolitano”, subraya Coronas.
El presidente del grupo del PP, Alberto Fernández Díaz, opina que el debate no es sobre la gestión del agua: “Es una cortina de humo”. A su entender, se trata de una escenificación que no tiene en cuenta aspectos clave: “A Berlín, el cambio le costó 2.000 millones de euros”. Pese a las diferencias de contenido, de la CUP se prevé que apoye la iniciativa de BC, y viceversa.