De nuevo las leyes urbanísticas y los límites de la competencia municipal causan una mala digestión al gobierno de Ada Colau. Ahora, en la Vila Olímpica, donde los residentes asisten con horror a la llegada de un albergue de 440 plazas que pretende alojar a turistas 'low cost' en auténticos nichos. Unos 500 vecinos han salido este sábado a la calle, y más que cabreo, lo que se respira en el ambiente es miedo a que el barrio se les escape de las manos. El ayuntamiento está con ellos, pero tiene poco margen. Asegura que está buscando cualquier grieta legal que permita detener el plan. También baraja pararlo con la cartera: debería desembolsar unos 13 millones de euros. 

No es un vecindario muy dado a las protestas. Y eso se nota. En la improvisación, la timidez a la hora de cortar la calle, la ausencia de proclamas y cánticos. Pero es algo que se aprende con la experiencia, y ellos, con este asunto entre manos, están dispuestos a licenciarse. La convocatoria era a las 10.30 horas al lado del edificio que todavía hoy ocupa el Instituto Municipal de Mercados, en Nova Icària con Rosa Sensat. La compra, según fuentes vecinales, se cerró hace unas tres semanas: Mapfre lo traspasó a la empresa Onix Renta por 10 millones de euros. Muchos meses antes, esta compañía ya había conseguido la documentación mínima para impulsar su proyecto, amparado por una ley de la Generalitat que pasa por encima del cetro local. 

UN PROBLEMA DE CIUDAD

Si algo ha quedado claro esta mañana es que los vecinos no quieren el albergue en ningún caso. Para ello están dispuestos, así lo han expresado algunos de ellos, a ocupar la finca si es necesario. "Si la alcaldesa apoya a los que lo hacen, tenemos que hacer lo mismo", ha recetado un residente. Por lo pronto, lo que sí harán es seguir con las movilizaciones, y la siguiente, si este sábado han cortado Nova Icària, que no está mal, será detener la circulación de la Ronda Litoral, que ya son palabras mayores.

"El problema no es solo de la Vila Olímpica. Esto es algo que le está pasando a toda la ciudad y no lo podemos permitir. Estamos saturados de turismo". Las palabras de Jordi Giró, presidente de la asociación de vecinos de la Vila Olímpica (y presidente de la Confederación de Asociaciones Vecinales de Catalunya, Confavc), han ido acompañadas de aplausos. Sobre todo cuando ha hablado de "opacidad" e "información escondida", o cuando ha avanzado la posibilidad de emprender medidas más contundentes, como echar al suelo la valla que rodea el perímetro del edificio. "¡Hoy mismo!", han reclamado desde atrás. Giró ha pedido contención. Paso a paso. 

Janet Sanz, teniente de alcalde de Urbanismo, ha llegado media hora después de que diera comienzo la concentración. Valiente, pues como sucede en estos casos, todo el mundo en la Vila Olímpica culpa al consistorio de que el albergue siga adelante. Ella ha hablado de competencias, de temas jurídicos, de seguir la legalidad, de manos atadas, de un gobierno que piensa igual que los afectados. Los vecinos, poco acostumbrados a que un concejal se preste a recibir golpes dialécticos, se han quedado a gusto. "Sois todos una mierda", le ha soltado una vecina, que ha moldeado algo su discurso al escuchar las palabras de la edila. Por lo general, el diálogo ha sido fluido y educado. 

COMO EL HOTEL DE NÚÑEZ

Sanz les ha explicado que el gobierno está estudiando todas las vías posibles para evitar el proyecto. Pero también les ha recordado que, como sucedió con el hotel de la torre Agbar, y a pesar de la moratoria hotelera dictada por Barcelona en Comú poco después de desbancar a Xavier Trias, hay escaso margen de maniobra. Una opción sería indemnizar al promotor, lo que obligaría a desembolsar unos 13 millones de euros (el propietario se llevaría para casa tres millones sin apenas pestañear). Sucedió algo similar con el hotel que Núñez y Navarro levanta en el Born. Ahí, el consistorio desestimó pagar al expresidente del Barça la friolera de 25 millones de euros para evitar el edificio. Pero esto es distinto. Es un albergue juvenil. De 440 plazas. En una de las zonas más azotadas por el turismo de ocio nocturno.

Onix Renta dispone de un certificado de aprovechamiento urbanístico dispensado por el gobierno de CiU poco antes de dejar la alcaldía, unas semana antes de que Colau cerrara el grifo al alojamiento turístico. El permiso, por tanto, le acredita para seguir con sus planes. "Si encontramos algo para frenarlo, me tiro de cabeza, de verdad", ha prometido la concejala. "Dile a la alcaldesa que traiga a una panda de colegas y que ocupen el edificio. Si no, iré a verte dentro de un año, cuando el albergue ya esté construido".