El Ayuntamiento de Barcelona estudia desde hace ya meses cómo hacer frente al hipotético regreso de los toros a la capital catalana. El gobierno de Ada Colau encargó hace casi un año un informe a los servicios jurídicos, en colaboración con el departamento de protección de animales, para trazar un argumentario legal que permita driblar la hipotética maniobra del Tribunal Constitucional en defensa de la denominada fiesta nacional. Un portavoz municipal, sin embargo, detalla que será necesario "esperar a la resolución para valorar qué alternativa tiene la ciudad para blindarse ante las corridas".

La propia ordenanza de animales, aprobada en septiembre del 2014 por el pleno municipal, prohíbe explícitamente los “espectáculos con toros que incluyan la muerte del animal”. El consistorio fue incluso más allá que el Parlament al vetar “todos los espectáculos taurinos de cualquier modalidad que se celebren dentro o fuera de las plazas de toros". De este modo, la ciudad decía 'no' también a los 'correbous', cosa que no se incluye en la ley catalana, aprobada en julio del 2010. El incumplimiento de la normativa es considerado una infracción muy grave, que implica una sanción de entre 2.000 y 20.000 euros.

Barcelona fue pionera al convertirse en la primera ciudad antitaurina de España. Sucedió en abril del 2004, con Joan Clos como alcalde. La medida, propuesta por el republicano Jordi Portabella, salió adelante con 21 votos a favor, 15 en contra y dos abstenciones.