El pequeño comerciante de Barcelona atraviesa tiempos aciagos. A la ley de arrendamientos urbanos, que convirtió en papel mojado las rentas antiguas que mantenían en pie tiendas de toda la vida, hay que añadirle el 'boom' de las grandes marcas y, sobre todo, de los centros comerciales. La última batalla se libra estos día en Sant Martí, concretamente, en Diagonal Mar, complejo que tiene en su mano un cambio de usos de su superficie que conllevará que el centro disponga de casi 5.400 metros cuadrados más de tiendas. Los 'botiguers', como era de esperar, han puesto el grito en el cielo.
Le ley está de lado de los propietarios, en este caso, de una filial del Deutsche Bank, entidad que compró el complejo en agosto por 493 millones de euros. El ayuntamiento, según ha explicado este lunes la teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, intentará evitarlo. El consistorio ha encargado un "informe jurídico", pero del mismo modo que no parece posible detener los hoteles que tenían licencia antes de que Barcelona en Comú cerrara el grifo de las licencias, aquí tampoco parece que haya excesivo margen. A no ser que se quiera hacer frente a una acusación de prevaricación. O pagar una millonada para que el propietario desista.
PRESIÓN CONJUNTA
Carles Martínez, presidente del eje comercial de Sant Martí, califica la operación de "pelotazo" y explica que la Generalitat, a través de la dirección general de Comerç, ya ha dado trámite al proyecto. "Sí, lo bueno sería presionar juntos al promotor", ha admitido la concejala de Barcelona en Comú, sin excesiva vehemencia. Al parecer, Diagonal Mar dispone de una superficie total de 67.000 metros cuadrados que puede distribuir entre los usos comercial, de ocio y de restauración. A los 53.000 de tiendas, el centro comercial le quiso añadir 7.200 que, al final, se han quedado en 5.350 metros cuadrados y que se obtendrían por la eliminación de restaurantes y, según la teniente de alcalde, de los cines. La petición llegó en noviembre del 2015. Y esa es otra de las queja de Martínez: "No hemos sabido nada hasta ahora".
El primer abordaje político del asunto se dirimirá este miércoles en el pleno del distrito de Sant Martí. Sanz ha avanzado el voto negativo del partido del gobierno. También Montserrat Ballarín, concejala de Comercio, ha avanzado el 'no' del PSC. Pero será un voto meramente político, representativo y sin efectos. Por todo ello, la Fundació Barcelona Comerç y Barcelona Oberta (unión de los ejes turísticos de la ciudad) han anunciar a través de un comunicado que exigirán una "rectificación inmediata" y tomar "las medidas necesarias para detener el proceso". "No lo compartimos, pero legalmente no se puede parar", ha admitido la responsable de Urbanismo.