Chasco en los juzgados. O la casa de los líos. La diputada del PSC y exconcejal del Ayuntamiento de Barcelona Assumpta Escarp se ha sentado este miércoles en el banquillo de los acusados por un delito urbanístico que supuestamente habría cometido cuando estaba en el gobierno de la ciudad. Se le imputaba haber firmado la licencia que permitió la construcción del cuartel de los bomberos en el parque Joan Miró y que, según sostiene la acusación, era ilegal. En su declaración ante la jueza que investigó el caso, la exedil adimitió, por equivocación, que había rubricado el documento. Sin embargo, desde mediados del 2015 figura en la causa la licencia original que demuestra que ella no lo hizo, sino que fue el que entonces era primer teniente de alcalde, Carles Martí, en calidad de alcalde accidental. A pesar de ello, la fiscalía ha mantenido la acusación contra la exedil.  

El juicio contra Escarp y tres técnicos municipales ha empezado este miércoles en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) y está previsto que acabe este jueves. La investigación se inició en un juzgado de instrucción ordinario de Barcelona, pero son los magistrados del alto tribunal catalán quienes deberán dictar ahora sentencia por la condición de aforada de la diputada socialista.

La declaración de la exconcejal ha durado unos 20 minutos. No ha necesitado más, pues el Ayuntamiento de Barcelona había presentado el año pasado con su escrito de defensa (está como responsable civil) la licencia de obras original firmada en julio del 2009, pero no por Escarp, sino por Carles Martí, que nunca ha declarado durante el proceso. Ante esta prueba, el papel de la diputada era sencillo. Solo ha tenido que corroborar que no fue quien autorizó la licencia de obras, ni quien tramitó el expediente administrativo. “Se lo dije al juez, pero después me he dado cuenta de que no firmé yo”, ha confesado. “No participé en la tramitación de la licencia", ha insistido.

La defensa de Escarp considera que el caso está abocado a la absolución por la no implicación de la diputada.

POCAS PREGUNTAS

A pesar de la existencia de este documento, el fiscal José Joaquín Pérez de Gregorio, que no fue quien hizo el escrito de acusación inicial y ha hecho pocas preguntas durante el juicio, ha mantenido la petición de ocho años de inhabilitación para ocupar cargo público y multa de 6.000 euros para Escarp. Lo mismo ha hecho para los otros tres técnicos del Ayuntamiento de Barcelona que se enfrentan también a siete años de inhabilitación y multa. Estos tres acusados, junto con la mayoría de testigos, han argumentado que la tramitación de la licencia de obras se realizó según la normativa urbanística vigente y teniendo en cuenta el carácter provisional de las dependencias de los bomberos instaladas en el parque Joan Miró.

El traslado del histórico cuartel de los bomberos de la calle Provença al parque Joan Miró, en la calle Aragó, se inició en julio del 2009. El motivo de la mudanza era la prevista ampliación del Hospital Clínic, una obra que afectaba a las instalaciones de los bomberos. Las dependencias solo debían estar en funcionamiento en el parque hasta que se acabaran las obras del centro sanitario. Sin embargo, este proyecto está paralizado desde hace años.

El 31 de julio del 2009, se concedió la licencia de obras. La acusación pública sostiene que la nueva instalación de los bomberos afectaba a los propios usos del parque y no “respetaba” la normativa urbanística vigente. Además, según esta versión, se adoptó esta decisión sin permitir la participación ciudadana prevista por la ley antes de otorgar cualquier licencia de obras. Los técnicos han asegurado en el juicio que este trámite no era necesario.