El Servicio de Control de Mosquitos del Baix Llobregat, que cubre un área de 29.000 hectáreas particularmente proclives a la presencia de insectos, necesita que la Generalitat aporte con urgencia 600.000 euros para poder acometer la campaña de este año y mantener los equipos y los sueldos de los trabajadores, según advierte el Consell Comarcal, entidad de la que depende el servicio desde 1989. Está en juego su futuro.
“Si no recibimos una fuente de financiación estable, que dure varios años, deberemos desprendernos del servicio y pedir que lo asuma algún organismo de la Generalitat”, ha explicado Josep Perpinyà, presidente del Consell Comarcal y alcalde de Sant Just Desvern, acompañado de otros representantes locales. El Consell Comarcal del Baix Llobregat, ha recordado Perpinyà, es el gestor del centro por delegación de la Generalitat.
PRESUPUESTO ANUAL
El centro recibe anualmente unos 200.000 euros de los ayuntamientos afectados, más cantidades menores del Puerto de Barcelona y del aeropuerto de El Prat (Aena), pero ello no basta para cubrir el presupuesto anual, que ronda los 800.000 euros, explica Perpinyà.
Según el presidente del Consell Comarcal, la situación es particularmente peligrosa teniendo en cuenta que el invierno ha sido muy benigno y ello puede provocar una mayor eclosión de huevos. “Además de los problemas tradicionales con el mosquito común, ahora tenemos también mosquito tigre, que en muchos países es un vector de enfermedades como el dengue, el chikunguña y quién sabe si también del zika”, advierte. Aunque las tareas de control y prevención se desarrollan durante todo el año, el eje de la campaña contra la expansión de los mosquitos empieza en abril-mayo. Luego, el momento de mayor actividad del mosquito tigre suele acaecer en agosto-septiembre.
"NO NOS LEGA NADA"
Hasta el 2014, el servicio recibía financiación de la Generalitat a partir del desaparecido Plan Único de Obras y Servicios (PUOS), y luego se mantuvo gracias a una aportación sin contrato -“una suplencia”- de la Diputación de Barcelona. "Pero ahora no nos llega nada. Pedimos una respuesta inmediata porque hay preocupación entre los alcaldes -dice el presidente del Consell Comarcal-. Esto es un problema de salud pública y, como, tal, la Generalitat debería implicarse”.
Perpinyà comenta que el servicio que funciona en el delta del Ebro ha firmado un acuerdo de financiación con la Generalitat. “¿Por qué no se logra aquí?”, se pregunta. “Llevamos un año de contactos con diversos departamentos y no obtenemos respuesta”.
En el servicio trabajan 10 personas en plantilla, más diversos contratados temporales durante el eje central de la campaña del mosquito. Roger Eritja, biólogo responsable del servicio, recuerda que su rango de actuación sobrepasa a menudo los límites de la comarca y lamenta que las administraciones no vean el control de los insectos como una actividad prioritaria. "Desde el 2005, con la llegada del mosquito tigre, los riesgos han aumentado", advierte.