La muerte de un joven en una reyerta en el Port Olímpic y el temor, aún latente, a una confrontación entre clanes ha perturbado la vida cotidiana en la Mina, Sant Roc y otros barrios próximos hasta tal punto que ha obligado a intervenir a las más altas instancias políticas para adoptar medidas que promuevan el retorno a la normalidad. Con ese propósito el Govern y los ayuntamientos de Barcelona, Sant Adrià, Badalona y Santa Coloma de Gramenet se han reunido para acordar impulsar una comisión técnica que evalúe la situación y los recursos disponibles y trace una estrategia que permita “restablecer la convivencia” en unos barrios que han vivido la huida de entre 300 y 500 personas por temor a las represalias de los Baltasares, el clan agraviado por la muerte del joven.

La ‘consellera’ de Treball, Afers Socials i Família, Dolors Bassa, ha informado de manera escueta del encuentro en una comparecencia ante los medios en la que ha avanzando que no aceptaría preguntas. La dirigente ha expuesto que a la mesa han asistido los alcaldes de ayuntamientos interesados, así como los responsables de los departamentos de Ensenyament, Governació, Administracions Públiques i Habitatge, Interior y el que ella representa. La mesa tratará de recabar datos sobre ”el impacto que está generando la situación entre las familias”, con mención especial para los niños y las personas mayores.

VENGANZA

La reacción institucional llega casi un mes después de la pugna entre clanes que se desató tras la muerte de un joven de los Baltasares a manos, presuntamente, del hijo de una mujer de los Pelúos y un hombre de los Zorros en una pelea en un bar del Port Olímpic el pasado 23 de enero. Pese a que la policía localizó y detuvo en Bilbao al supuesto responsable del crimen, los dictados de la ley gitana no siguen los mismos parámetros que la justicia ordinaria. Quedó claro cuando cerca de medio millar de personas de La Mina y Sant Roc pertenecientes a los clanes que presuntamente atacaron a la víctima huyeron prácticamente con lo puesto en las horas siguientes al siniestro.

Y lo confirmó Ramona, madre del fallecido, que en declaraciones a este diario clamó venganza para “el grupo de siete u ocho” que arropaba al presunto autor del crimen. “Si los cogen [los Mossos], con justicia cumplirán la máxima pena posible. Si los cogemos nosotros, tienen pena de muerte”, expuso Ramona. Ella misma aconsejaba a las familias implicadas que vendieran sus inmuebles y se mantuvieran “fuera de Catalunya” para evitar “una masacre”. “Entre clanes se sabe que si se mata a un miembro no hay alternativa”, añadía. La tensión entre familias se trasladó a la calle, especialmente en la Mina, donde la vida cotidiana se vio afectada las semanas posteriores: comercios cerrados, calles con baja afluencia de personas y mucho menos de niños, en un barrio con cerca de un 60% de absentismo escolar.