La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha reclamado al ayuntamiento que posibilite las condiciones necesarias para que mejore la competitividad en el sector funerario de la ciudad y se reduzca el desembolso que debe realizar el ciudadano en la actualidad. La Síndica, Maria Assumpció Vilà, ha reclamado la entrada de nuevos operadores para “garantizar una competencia real y reducir los costes de los servicios” a tenor de la decena de quejas ciudadanas que recibió durante el año pasado, en las que se calificaban de “abusivas” las tarifas en vigor y se exigía “mayor transparencia” en la gestión de un servicio que “es esencial”. Vilà pide el acceso a las salas de velatorio de todas las empreasas que lo pidan para dar cumplimiento a la normativa en vigor.

“El ayuntamiento no utiliza todos los instrumentos a su alcance para promover la competencia en la prestación de servicios funerarios, así como para velar por la defensa de los usuarios y la transparencia en la actuación de las empresas responsables”, sostiene Vilà en el informe anual que ha entregado al consistorio.

Un análisis municipal cifra en 5.110 euros el coste medio de un servicio funerario en la ciudad, mientras que la Organización de Consumidores y Usuarios los elevaba en el 2013 hasta los 6.441 euros, haciendo de Barcelona la ciudad más cara en este capítulo de las 31 localidades de toda España objeto de análisis. “Todo apunta a que el elevado coste es consecuencia de la falta de competencia real”, concluye la Sindicatura.

TRANSPORTE

La Síndica realizó 3.274 actuaciones el año pasado, de las que 1.733 fueron consultas y 1.541, quejas. El transporte público y la circulación en la ciudad, con 248 reclamaciones, encabeza el listado de interacciones ciudadanas con la entidad. Le siguen las quejas relacionadas con el medioambiente (133), servicios sociales (128), libertad cívica y seguridad ciudadana (100), vivienda y dignidad (95) y urbanismo y ciudad (90). 

Vilà destaca la necesidad de regular los clubs cannábicos de la ciudad, por lo que hace hincapie en la conveniencia de aprobar el plan especial urbanístico para la ordenación territorial de las asociaciones de consumidores. La Síndica incide en que esta y otras drogas no institucionalizadas “son motivo de gran preocupación social y afectan a la tranquilidad, la calidad de vida del vecindario y las perspectivas sociales”.