El cese de los conciertos en el Heliogàbal ha pasado de ser el problema de un pequeño bar del barrio de Gràcia a convertirse en la punta del iceberg de un asunto que afecta a la música en vivo de la ciudad. El nuevo consistorio es consciente de ello. Tanto, que desde septiembre en el ICUB hay una oficina técnica que trabaja en un plan estratégico de cultura a diez años vista que, en el apartado musical, abarcará desde la relación que debe tener la ciudadanía con las instituciones culturales, hasta la relación de la ciudad con grandes festivales como el Sónar, el Primavera Sound, el Grec y el BAM, pasando por una nueva normativa referente a la música en la calle.

Sin embargo, el tema de los bares que programan música en vivo sin tener una licencia específica para ello les ha estallado en las manos y ahora se trabaja contrarreloj para resolver la situación de una vez por todas. Daniel Granados, guitarrista del grupo Tarántula y fundador del sello discográfico Producciones Doradas, es el asesor externo del ICUB que la comisionada de Cultura del ayuntamiento, Berta Sureda, ha escogido para explorar el terreno y presentar un plan. Y entre sus líneas maestras está la de dejar de entender la música en vivo como un problema a resolver y reconocerla como un patrimonio y un beneficio para la ciudad.

PÁRAMO LEGAL

Para Granados, "la problemática existe desde hace años porque no hay una normativa que reconozca esta actividad y eso deja a los bares en un páramo legal sujeto a la presión policial de cada momento". La intención es crear la normativa que reconozca esa actividad y que ampare a estos locales. Para ello Patricia Vila, abogada de la Associació de Sales de Concerts de Catalunya (ASACC), está analizando la situación jurídica para realizar un cambio en la normativa municipal que "está muy cerca", dice Granados, y que no tope con la normativa de la Generalitat y la del Estado. 

Este cambio de normativa resolvería el problema de muchos espacios que han cesado recientemente su actividad o que temen por su futuro. En función de los parámetros que marquen esta normativa y de la cantidad de locales que quieran acogerse a esta norma, el cambio legislativo podría beneficiar a 30 o más espacios. Esta normativa no solo protegería locales históricos como el Heliogàbal, el London o el Big Bang sino otros como Freedonia o El Arco de la Virgen que ni siquiera tienen licencia de bar.

TRAYECTORIA RECONOCIDA

El objetivo no es que la normativa "sea un mecanismo de resolución de conflictos" sino "hacer un reconocimiento público y fomentar la música en directo". Por eso el ICUB está desarrollando una etiqueta que ampare estos locales, "un sello que reconozca una actividad que el ayuntamiento considera buena para la ciudad" y que se aplicaría a "lugares reconocidos por su trayectoria de difusión musical, por su relación con el tejido local y con los músicos del barrio y que no hayan tenido una relación traumática con el vecindario", explica Granados. Y paralelamente se está elaborando una lista de cuántos espacios son susceptibles de entrar en esta categoría. 

La normativa y el mapa de locales irán acompañados de una "mesa de mediación en conflictos que se reúna cada 15 días o una vez al mes para analizar cómo avanza el proceso", añade Granados. "En esta mesa estarán el ICUB y la ASACC, pero también tienen que estar la Guardia Urbana y las asociaciones de vecinos de la ciudad. Y, tal vez, hasta asociaciones de comerciantes de proximidad", apunta. De este modo se irán resolviendo sobre la marcha los problemas que pueda generar la nueva regulación.

REUNIONES CLAVE

Carme Zapata, gerente de la ASACC, denuncia que ningún gobierno anterior haya tenido siquiera un proyecto para la música en vivo. "Tenemos una buena escena local y tenemos cuatro escuelas superiores de música de las que cada año salen músicos a patadas. Pero los clubs se están muriendo", lamenta. Desde distintos rincones de la ciudad, como el Heliogàbal de Gràcia, el Eix Cultural Emergent de Ciutat Vella y el barrio de Sant Antoni, se está presionando cada vez más para resolver una situación que tiene amedrentados a los pequeños espacios de difusión musical. Granados asegura que la próxima semana hay convocadas varias reuniones clave. 

Carles Sala, del ICUB, añade que todo parte de una "percepción equivocada de la música como un problema". En este sentido, la apuesta del nuevo ayuntamiento es dar la vuelta al argumento. "No es resolver un problema a partir de la normativa sino, a partir de una nueva normativa, hacer un programa en positivo de la música en directo en Barcelona. Y hacer pedagogía de ello. No puede ser que una ciudad que hace bandera de festivales como Sónar y Primavera Sound no pueda hacer bandera de todo el tejido de pequeña y mediana escala", insiste Granados.

Tanto los pequeños locales como la ASACC ven en el ayuntamiento entrante "una voluntad política", pero los días pasan y el temor a recibir una inspección no desaparece. Por eso, locales como Robadors 23 piden una moratoria hasta que llegue la ley. Así podrían seguir trabajando sin el miedo a una visita de oficio de la Guardia Urbana. Porque el miedo existe y es tanto que algún local ni siquiera ha querido opinar en este artículo.