Una astuta unión de fuerzas permitirá asestar sendos pequeños golpes a dos de las lacras de la sociedad contemporánea: el paro y la pobreza energética. Un acuerdo entre el Ayuntamiento de Barcelona y las Entidades Catalanas de Acción Social (ECAS) facilitará un empleo a 100 personas en riesgo de exclusión social para que revisen el consumo energético en unas 5.000 viviendas de los 10 distritos de la capital catalana. Para todo ello, se invertirán 2,5 millones de euros, el 80% de los cuales saldrán del superávit municipal del 2015, y el 20% restante, de las organizaciones del tercer sector que se impliquen en el proyecto.

Los elegidos, mayoritariamente personas que se dedicaron a la construcción y que un buen día de la crisis se vieron en la calle, se someterán a una formación que está previsto que empiece en febrero. Constará de 128 horas de aprendizaje que se alargarán durante tres semanas. A partir de ese momento, el centenar de elegidos para esta tarea se repartirán durante cinco meses por el territorio para auditar un total de 5.000 viviendas, en las que está previsto que diagnostiquen la situación del piso, el gasto y el uso de la energía.

REDUCIR LA FACTURA

De ahí partirán propuestas concretas para que las familias elegidas puedan reducir al máximo su factura. Si es menester, también se dará respuesta a situaciones de vulnerabilidad grave o urgencia en relación a los suministros de electricidad, gas y agua.

El plan lo han presentado esta mañana la teniente de alcalde de Derechos Sociales, Laia Ortiz, y la presidenta de ECAS, Teresa Crespo. La concejala de Barcelona en Comú ha destacado la voluntad de reconvertir a las personas que trabajaban en el ladrillo “en expertos en rehabilitación energética”, y ha avanzado que los empleados tendrán un salario bruto de 1.070 euros mensuales, lo que dicta el convenio en estos casos.

“PROGRAMA TRANSFORMADOR”

La responsable de las entidades se ha felicitado por el acuerdo, que ha calificado de “programa transformador”. Nada que ver, ha señalado, con “colaboraciones puntuales quizás no demasiado importantes”. “No es un proyecto piloto, sino un nuevo modelo en la lucha contra la pobreza energética”, ha señalado.

De las 20 personas contratadas para cada ámbito (cinco grupos y dos distritos por equipo), cinco trabajarán como informadores energéticos y los otros 15 se encargarán del trabajo de mono azul y herramientas. El proyecto se enmarca dentro del programa Labora del Ayuntamiento de Barcelona, creado en marzo del 2015 y gestionado por el Instituto Municipal de Servicios Sociales, que, en colaboración con las entidades sociales y el tejido empresarial de la ciudad, genera una bolsa de trabajo reservada a personas en riesgo de exclusión social.

Preguntada sobre las ayudas municipales –Barcelona puso en marcha en noviembre tres puntos de atención a la pobreza energética-, Ortiz ha explicado que el año pasado se destinaron 780.000 euros al pago de facturas de familias que no podían asumir los suministros del hogar, una cifra muy baja, ha admitido. La razón, que muchos hogares no quieren que se conozca su situación de precariedad y no recurren a los servicios sociales. Y también, que muchas personas mayores que viven solas no saben cómo pedir asistencia.

Aunque tampoco ayudan las empresas eléctricas, que no informan sobre los contribuyentes a los que se corta la luz, lo que facilitaría la acción municipal. Cuestionada por si las compañías cumplen y no cortan el suministro sin consultar si se trata de casos de vulnerabilidad, Ortiz ha asegurado que solo han tenido conocimiento de tres casos, dos de los que se solucionaron con rapidez y un tercero del que han tenido noticia este mismo fin de semana y en el que están trabajando. La teniente de alcalde ha avanzado que el ayuntamiento denunciará si se producen cortes injustificados.