El pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este martes las ordenanzas fiscales ordenanzas fiscales del 2016 tras dos meses de negociaciones y estira y afloja entre los grupos municipales y el gobierno. Finalmente la CUP ha votado sí, un apoyo que el ejecutivo de Ada Colau necesitaba sumar al ya anunciado de ERC y PSC para tirar adelante la propuesta, cuya principal medida es la congelación del IBI para el 98% de los vecinos de la ciudad.

Solamente el 2% de los inmuebles, los que tienen un valor catastral superior a 300.000 euros (600.000 euros de precio de mercado), tendrán un incremento del IBI de entre un 4% y un 6%. El primer teniente de alcalde de Economía, Gerardo Pisarello, ha defendido unas ordenanzas fiscales que introducen bonificaciones y subvenciones para ayudar a las familias con menos recursos. También ha aprovechado para recordar que la actualización catastral prevista para el 2017 favorecerá una fiscalidad más redistributiva, ya que ahora se están produciendo injusticias, ha advertido.

AGRAVIOS COMPARATIVOS

La portavoz de CiU en materia económica, Sònia Recasens, cuyo partido ha votado en contra, ha asegurado que la propuesta de ordenanzas fiscales del gobierno de Colau genera "una gran desconfianza" ya que crea "agravios comparativos" ya que por ejemplo se apoya a las industrias culturales pero no a garajes o peluquerías, ha ejemplificado.

Carina Mejías, de Ciutadans, ha insistido en que se ha perdido una "gran posibilidad" de aprobar unas ordenanzas "más justas y redistributivas". Quien ha aprovechado para censurar a Barcelona en Comú, a pesar de que les ha apoyado la propuesta y ha sido uno de los partidos que más ha trabajado para alcanzar el consenso, ha sido el PSC. Su portavoz, Jaume Collboni, ha pedido al gobierno que "no se repita" una negociación "de estas características".