El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) llevará ante los tribunales al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en el caso de que Red Eléctrica de España (REE) tire adelante sus planes de desplegar una línea eléctrica de muy alta tensión sin atender a las reclamaciones de que antes de acometer el proyecto complete un estudio completo del impacto ambiental que representará.
Así lo ha decidido la entidad en el consejo metropolitano celebrado este martes, en el que ha aprobado una declaración institucional que da réplica al anuncio del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de realizar este sondeo de forma simplificada. La reacción se suma a la opisición mostrada por el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet ante la intención del Gobierno central de ejecutar una modificación de las líneas de 200 kilovoltios entre Sentmenat, Sant Fost, Canyet, Sant Andreu y Can Jardí por una conexión de 400 kV entre Pierola y Santa Coloma.
AMB recuerda que en julio del año pasado la Comisión Europea dio la razón a las razones expuestas por el consistorio liderado por Núria Parlon y abría procedimiento administrativo de infracción contra el Ejecutivo central por "incumplimiento del derecho comunitario al observar indicios graves de vulneración" de la normativa ambiental de la UE, al faltar "el trámite esencial de la evaluación del impacto ambiental".
Innecesario
El pasado octubre, el ministerio comunicaba a Santa Coloma que REE comenzaría la evaluación pero de manera simplificada, al tiempo que le daba 30 días hábiles para que el consistorio diera respuesta. AMB destaca que tampoco ha sido objeto de consultas por parte del ministerio, pese a que era lo procedente atendiendo a sus competencias en materia de ordenación del territorio.
De esta manera, AMB ha hecho pública una declaración en la que muestra su oposición a un proyecto "manifiestamente innecesario", exige que el estudio ministerial sea exhaustivo y no simplificado, y anuncia que pedirá la adhesión de los 36 municipios que integran el ente a la solicitud del Ayuntamiento de Santa Coloma. Una declaración que trasladará al Ejecutivo central y que, en caso de no obtener la respuesta esperada, será el paso previo al inicio de las "pertinentes acciones legales", según han expuesto fuentes de AMB.