Trias pospone el diálogo hasta que cese el «chantaje» de la violencia

Negociar implica un intercambio. Tú me das, yo te doy. En el caso de Can Vies, la base del diálogo era un edificio, cuatro paredes centenarias que ya son historia. ¿Qué es lo que hay entonces encima de la mesa? ¿De qué discutirán el Ayuntamiento de Barcelona y los usuarios del desaparecido centro social autogestionado de Sants? El alcalde, Xavier Trias, se dirigió ayer a las personas que sí daban a la finca el fin que sus fundadores imaginaron, aquellos primeros vecinos que en 1997 ocuparon el lugar por la escasez de equipamientos donde organizar  actividades. A ellos les prometió seguir hablando. Eso sí, primero debe ondear la bandera blanca. «Sin violencia -dijo- se puede hablar de todo».

Fue el alcalde muy preparado a una rueda de prensa en la que blindó la postura municipal -«hemos tenido una paciencia infinita, no es fácil dialogar con quien no quiere hablar»- y expresó su «preocupación por el interés en crear un ambiente de crispación por parte de algunos grupos». Se refería, no quiso decirlo por prudencia, a la CUP y a su líder  David Fernández. «Esto no ayuda a dar salida a los colectivos vinculados a Can Vies que querían dar un uso de ciudad al edificio».

La oposición, las asociaciones vecinales y la Síndica de la ciudad, por su parte, reclamaron la apertura urgente de diálogo entre el ayuntamiento y los okupas para poner fin a los disturbios.

POLOS OPUESTOS / Pero no parece cercano el momento en el que Trias y los okupas se dejen fotografiar en un sonriente apretón de manos. Entre las condiciones puestas por el consistorio para permitir que los jóvenes pudieran volver a Can Vies tras un lavado de cara de los números 40 y 42 de la calle de los Jocs Florals se podía leer la condición de trabajar «bajo el paraguas del ayuntamiento». Rendir cuentas al gestor no está en el ADN del movimiento, por muy lógico que suene que una ciudad quiera controlar un equipamiento que es de su propiedad.

Trias concretó que los daños del lunes y el martes en el mobiliario urbano ascienden a 121.000 euros, y anunció que la ciudad se personará contra los responsables. Hasta ayer por la tarde, los Mossos d'Esquadra habían detenido a siete jóvenes. En cuanto al dispositivo policial, el alcalde admitió que la excavadora que resultó incendiada «quizá se podría haber protegido», aunque se mostró convencido de que tarde o temprano el jaleo se habría producido.

PLAN SIN VALIDEZ / Por parte de Can Vies, Pau Guerra -seudónimo que varios miembros del colectivo usan ante la prensa- aseguró que la propuesta del ayuntamiento «no tiene ninguna validez porque se está derribando el edificio», y aseguró que la violencia callejera «es la respuesta a la violencia de los Mossos tanto en el desalojo como en las protestas». Con la boca pequeña, este joven activista admitía el martes que no descartan ocupar un nuevo espacio en el barrio. Eso reza uno de sus lemas: «Un desalojo, una okupación».