El grupo de ecologistes de Catalunya diseñó en 2009 un mapa donde aparecían los conflictos ambientales que padecía Catalunya y se recogieron unos 240 problemas en el territorio. Comarcas como l'Alt Empordà, Barcelonès, Vallès Occidental, Baix Llobregat y Tarragonés suponen la mitad de los conflictos abiertos en este momento. El mapa es una herramienta que permite conocer el conflicto y con qué intensidad en cada zona. Los conflictos que se presentan en Catalunya van desde el uso o no de energía eólica, la ocupación de espacios naturales, la disposición de infraestructuras de transporte, gestión del agua y residuos.
La periodista Joana Díaz publicó ayer un artículo, en la revista 'Sostenible' de la Diputación de Barcelona, denunciando la falta de implicación por parte de la administración en relación a los conflictos medioambientales presentes actualmente. La periodista manifiesta a la vez, en su artículo, que incluso no se ha puesto solución a los problemas que permanecen en el territorio catalán desde hace ya muchos años. Es decir que desde 2009, cuatro años después, no se han propuesto soluciones ni programas de sostenibilidad a problemas de los que se tenía conocimiento.
A partir de los trabajos realizados recientemente por los alumnos de Ciències Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona, se conocen situaciones críticas del territorio y de urgente asistencia como la regeneración de arena en las playas del Baix Maresme, el conflicto del vertedero en Cerdanyola del Vallès o el conflicto de la planta de biomasa de Sant Pere de Torelló.
Plataformas ecologistas y movimientos sociales
Joana Díaz intenta dar una explicación al hecho de que estos conflictos sigan abiertos desde hace tanto tiempo. "Abiertos desde hace tiempo y estancados, por cambios de gobierno, o por cambios de legislación, o por el bloqueo de diálogo, o bien por la acción directa de algún grupo público, privado o cívico". La periodista explica que los principales conflictos medioambientales de Catalunya están amparados por movimientos sociales, asociaciones o plataformas ecologistas, y son estas organizaciones colaboradoras las que reavivan el debate y exigen soluciones inmediatas. "Cuando se ha promovido algún proceso participativo ha sido generalmente por iniciativa de los grupos sociales o en algún caso, como reacción de las instituciones al reclamo popular de mayor implicación de los afectados", denuncia Díaz en la revista.
Las pequeñas entidades que colaboran con procesos críticos, problemas y buscan soluciones, son normalmente la minoría afectada que reclama una compensación. Joana Díaz defiende y alienta a estas organizaciones, ya que a menudo representan a una parte bastante amplia de la población como para convertirse en asuntos prioritarios de la gestión política, la comunicación y la participación.