Como suele ocurrir en estos casos, la muerte de cuatro personas en un incendio fortuito en un solar del Poblenou ha dado a conocer a la opinión pública la existencia de 14 asentamientos de barracas en Barcelona, 11 de los cuales situados en el distrito 22@. A las más de 400 personas de origen galaicoportugués se añaden más de 150 de origen rumano y 40 senegaleses que malviven entre las naves industriales y los solares abandonados por sus propietarios. Como bien ha destacado EL PERIÓDICO, se trata de solares en su día adquiridos por especuladores en plena burbuja inmobiliaria y posteriormente abandonados e ignorados, una vez la crisis devaluó su precio de mercado y la imposibilidad de especular con ellos.
El incendio ha hecho saltar las alarmas sobre el nuevo barraquismo en el siglo XXI, impensable hace pocos años y solo presente en la memoria colectiva de la Barcelona de los 60 y 70. Ni que decir tiene la ironía que supone que este barraquismo se concentre especialmente en la zona de la ciudad que debía ser símbolo de posmodernidad, diseño e innovación de la Barcelona del XXI.
El ayuntamiento se apresura a anunciar planes de erradicación de barracas. Por suerte, no se trata de planes policiales de simple desalojo, sino de intervenciones desde los ámbitos de salud, educación o servicios sociales. La bondad de la iniciativa, independientemente de su oportunidad u oportunismo, se enfrenta sin embargo a una severa realidad: la de la coexistencia de situaciones de extrema pobreza y marginalidad y la falta de recursos públicos para hacerles frente.
Quizá se consiga con un plan especial sofocar elincendiode los solares del Poblenou, pero difícilmente se pueda evitar la aparición de nuevos asentamientos y bolsas de extrema pobreza en otros rincones de la ciudad, porque la situación en la que viven muchas familias es límite, sin trabajo e incluso sin rentas mínimas de inserción. El anuncio del ayuntamiento es síntoma del tipo de política social de emergencia a la que vamos a asistir en los próximos años. Ante la incapacidad de responder de forma estructural a las extremas necesidades sociales de buena parte de la población, las administraciones públicas van a recurrir cada vez más a sofocar puntualmente los espacios más conflictivos y depauperados como auténticos bomberos de la emergencia social. Un plan de realojo, un refuerzo policial, una acogida de emergencia a los que no tienen techo o una repatriación intensiva son algunos de los mecanismos a los que van a recurrir las administraciones para gestionar el conflicto social que se deriva de la crisis. Pero desengañémonos, los parches del Estado social de emergencia difícilmente van a ser buenos sustitutivos de políticas sociales y laborales activas dirigidas a la inclusión social de la población. Hoy, las administraciones públicas ahorran por la vía de reducir prestaciones sociales básicas, pero a medida que el número deincendioscrezca y con ello los costes de gestionar la emergencia social, ¿habrá realmente ahorro?