Después de que la Comisión Europea denunciase a España por superar los niveles de contaminación en Madrid y la conurbación de Barcelona, los grandes municipios catalanes afectados se han visto obligados a acelerar las medidas para reducir los niveles de contaminación, si bien no todas las ciudades avanzan al mismo ritmo. En el caso catalán, aparte del caso barcelonés, la denuncia advertía de la alta contaminación en las comarcas del Baix Llobregat y el Vallès -anexas al Barcelonès-, cuyos municipios más poblados trabajan a remolque de la capital en la aplicación de medidas anticontaminación.
En enero de 2020 entrará en vigor la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Barcelona y en abril se empezarán a imponer multas a los vehículos más contaminantes que circulen por esta zona –que también integra a L'Hospitalet y a parte de Cornellà, Esplugues y Sant Adrià de Besòs-. Fuera de este margen, algunos de los grandes municipios catalanes como Terrassa, Sant Cugat o Badalona estudian implantar modelos similares, aunque sin fecha exacta para la puesta en marcha.
Por ahora, en Catalunya el ‘Plan de actuación para la mejora de la calidad del aire, horizonte 2020’ actúa como marco legal, aunque principalmente presenta propuestas y recomendaciones, más que obligaciones para los municipios, de modo que la responsabilidad recae en cada consistorio.
Sabadell y Terrassa reclaman un frente común
Por ahora, en la cocapital del Vallès Occidental no hablan de instaurar una ZBE: “Estamos en proceso de evaluación”, afirman. Marta Farrés, alcaldesa de Sabadell, defiende que es necesaria una mayor colaboración entre ciudades para “ir todos a una”. “Los municipios no estamos amurallados, es necesario trabajar desde una visión más genérica. No tiene sentido que la población de Sabadell no pueda entrar en coche a Barcelona y a la inversa sí”, añade Farrés.
Desde el consistorio explican que el Plan de Movilidad Urbana Sostenible -que debe marcar la estrategia, calendario y metas a conseguir- está “en fase de redacción”. “Se plantea la aplicación de medidas estructurales antes de 2024”, explican.
En octubre de 2019, el Consell Comarcal del Vallès Occidental creó la Mesa política por la calidad del aire del Vallès Occidental, nacida para trabajar de forma compaginada con el resto de municipios de la segunda corona. “Es necesaria una coordinación Gran Barcelona para avanzar conjuntamente”, defiende Farrés. Sin embargo, desde el Departament de Territori aluden a la Mesa sobre la Calidad del Aire de la Conurbación de Barcelona como órgano coordinador entre administraciones.
“Han hecho mucha inversión en Barcelona y poca en los valleses y, al final, quien va a Barcelona somos nosotros”, manifiesta Lluïsa Melgares, teniente de alcalde de Territorio del Ayuntamiento de Terrassa. Melgares defiende que la contaminación “es un problema de país” y que “hacen falta más leyes que obliguen a las ciudades a aplicar medidas. Si yo aplico medidas y el vecino no lo hace, cuando sople el viento su contaminación vendrá a mí”.
Aún así, Melgares apunta a una mejora en las comunicaciones con la administración catalana después de crear una “comisión bilateral” con la Generalitat. A diferencia de Sabadell, Terrassa sí que trabaja en la implantación de una ZBE. El Ayuntamiento tiene previsto hacer restricciones de vehículos sin etiquetado ambiental en la ZBE que señalice en episodios de contaminación (en 2021) y de forma permanente (en 2025).
Además, desde el consistorio egarense defienden la iniciativa ‘Revolución Verde’, un plan formado por múltiples medidas, como la pacificación de zonas urbanas o el incremento de parkings de bicicletas, “orientadas a la construcción de la Zona de Bajas Emisiones".
Los municipios metropolitanos se refugian en el AMB
Santa Coloma de Gramanet hace referencia a un “compromiso” a nivel metropolitano por parte de los 36 municipios que forman parte del Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) para que a partir del 2025 la totalidad del territorio del AMB se convierta en una Zona de Bajas Emisiones. No obstante, desde el consistorio afirman que “se está estudiando la viabilidad y la posibilidad de adelantar la puesta en marcha de la ZBE a escala local”.
Por parte de Cornellà, amparan las responsabilidades de la creación de una zona de bajas emisiones en el AMB. “Vamos de la mano del Àrea Metropolitana de Barcelona, que coordina las actuaciones hacia la movilidad sostenible entre los municipios metropolitanos”, explican desde el Ayuntamiento. Sin embargo, desde el consistorio destacan que desde el pasado mandato está en marcha el proyecto ‘Cornellà Natura’, que busca “naturalizar el municipio”. Además, el Ayuntamiento de Cornellà ha aprobado inicialmente una ordenanza con sanciones de entre 100 y 500 euros a los vehículos contaminantes sin etiqueta ambiental de la Dirección General de Tráfico (DGT) que entren en la parte de la ZBE que incluye a Cornellà.
Badalona y Sant Cugat sí que afirman estar desarrollando un proyecto de ZBE local, aunque aún no se hay marcado un día en el calendario para que se pongan en funcionamiento. En el caso de Badalona, explican que se realizó un estudio para determinar en qué barrios del municipio era “más idóneo” llevar a cabo pruebas piloto de Zonas de Bajas Emisiones. “Se determinó que la zona del barrio del Progrés era un buen lugar para hacer la prueba. Ahora estamos en fase de redacción del proyecto", explican desde el consistorio.
En Sant Cugat, el Ayuntamiento prevé la entrada en vigor de nuevas restricciones de vehículos contaminantes en el centro de la ciudad durante el año 2020, pero la medida está a la espera de la aprobación de la correspondiente ordenanza municipal que la regule.
Desde L'Hospitalet -incluida en la Zona de Bajas Emisiones de Barcelona- señalan que la encuesta del Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) en verano de 2019 muestra una amplia aceptación de la ZBE en la ciudad. "Tres de cada cuatro ciudadanos (71'6%) han oído hablar de las restricciones a la ZBE Rondas BCN y siete de cada diez (70'6% de ) valoran positivamente esta medida", explican desde el consistorio. Desde el Ayuntamiento también señalan que se está llevando a cabo un proceso de pacificación similar al de Terrassa para reducir la presencia de vehículos.
Más allá de las ZBEs
Desde la Plataforma per la Qualitat de l’Aire señalan que la creación de ZBEs no es una solución definitiva ya que “lo que pretende es la renovación de la flota de vehículos y afectará a una parte muy pequeña del parque”. Maria García, portavoz de la plataforma, defiende que los municipios "no tienen escusas" para aplicar medidad y promueve que instauren un “peaje urbano”, un impuesto de acceso a la ciudad. Esta medida es una de las que se incluyen en el plan AIRUSE, un proyecto desarrollado por el investigador del CSIC–IDAEA Xavier Querol que busca mejorar la calidad del aire de las ciudades del sur de Europa.
Ninguno de los municipios consultados plantea, por ahora, la implantación de estos peajes urbanos. Desde el Ayuntamiento de Santa Coloma señalan que es una medida que “se puede aplicar a nivel metropolitano”, pero que “no se trata de una propuesta que se pueda plantear a nivel municipal por parte de Santa Coloma”. Tampoco la Generalitat, aunque no descartan que la medida se aplique en el futuro “en función de los resultados de la Zona de Bajas Emisiones de Barcelona”. Por su parte, García defiende que los ingresos generados por estos peajes podrían contribuir a la mejora del transporte público.
Por ahora, la Generalitat apuesta por sustituir el sistema actual de peajes por una tarifa plana, una propuesta que desde la Associació per la Promoció del Transport Públic (PTT) consideran contradictoria con la implantación de zonas de bajas emisiones porque “es una medida que anima a la gente a usar el coche y eso supone que, pese a las ZBEs, el tráfico pueda aumentar”.
Más allá de los peajes, el presidente del RACC, Josep Mateu, reclama un plan de inversión "de emergencia masivo en transporte público" para que las alternativas al vehículo privado en el área metropolitana sean competitivas y fiables. Entre otras medidas, el RACC pide ejecutar con urgencia: infraestructuras al servicio de Cercanías; ampliar los aparcamientos de disuasión en las estaciones de tren y crear carriles bus-VAO de bajo coste en la B-23, la entrada por el Baix Llobregat, y en la C-31 Norte, por el Maresme.
Por su parte, desde el Ayuntamiento de Cornellà también defienden que han detectado un aumento de los desplazamientos en vehículo privado en viajes interurbanos y, por eso, reclaman que “hay que mejorar la conexión entre los municipios dentro del ámbito metropolitano con un transporte público más eficiente”.